Céline Aemisegger
Bruselas, 14 ene (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) recibió hoy luz verde preliminar a la compra de deuda soberana, pero con una serie de advertencias que servirán a la entidad monetaria de la zona euro de guía para el diseño de otro próximo programa posible y con condiciones que limitará su papel futuro en la troika.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), el español Pedro Cruz Villalón, consideró hoy, en unas conclusiones, que el programa de compra de deuda pública en el mercado secundario anunciado en 2012 por parte del BCE es, en principio, compatible con el Derecho comunitario.
El expresidente del Tribunal Constitucional español (1998-2001), que se formó entre España y Alemania, señaló no obstante que esa compatibilidad "dependerá de que se cumplan determinadas condiciones", de llegar a aplicarse el programa de operaciones monetarias de compraventa (Outright Monetary Transactions, OMT).
Ese programa preveía la compra ilimitada de deuda soberana de países en dificultades en el mercado secundario si éstos solicitaban un programa de asistencia financiera del fondo de rescate de la zona euro que debía incluir la posibilidad de compras en el mercado primario, entre otras condiciones.
Se trata del programa anunciado en agosto de 2012, en el peor momento de la crisis de deuda, y fue especificado en septiembre, poco después de que el presidente del BCE, Mario Draghi, dijera en julio de ese año en Londres que iba a hacer "todo lo necesario para preservar el euro y créanme será suficiente".
Las conclusiones del abogado general, que no son vinculantes, pero suelen servir de referencia a los magistrados cuando dictan las sentencias, responden a las dudas del Tribunal Constitucional (TC) de Alemania, que se dirigió por primera vez en su historia con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.
El alto tribunal de Karlsruhe quería saber si la decisión del BCE supone una medida de política económica en vez de monetaria, lo que excedería el mandato de la entidad, y si la medida respeta la prohibición de financiación monetaria de los Estados miembros.
El abogado general concluye que el programa OMT "es una medida no convencional de política monetaria", pero que para ello debe respetar la prohibición de financiación monetaria de los Estados y el principio de proporcionalidad.
Cruz Villalón considera que los objetivos del programa son en principio legítimos y acordes con la política monetaria, pero al mismo tiempo da una primera advertencia al BCE.
"Dado el significativo papel que el BCE desempeña en los programas de asistencia financiera (diseño, aprobación y supervisión), en determinadas circunstancias podría entenderse que su actuación constituye más que un mero apoyo a la política económica", indica.
Por ello, "el BCE debe abstenerse de participar directamente en el programa de asistencia financiera aplicado al Estado afectado", señala el jurista, que abre así un interrogante sobre el futuro de la entidad en la troika formada además por la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cruz Villalón también da un toque a los escépticos con algunas medidas del BCE y a los tribunales, que, como el TC alemán, abordan algunas de las iniciativas anunciadas por el BCE.
"El BCE debe gozar de un amplio margen de apreciación a la hora de diseñar y ejecutar la política monetaria de la UE", afirma, al mismo tiempo que señala que los tribunales "deben controlar la actividad de la entidad con considerable grado de contención", al carecer de la especialización y de la experiencia de la institución monetaria, apunta.
El abogado general considera que el BCE "debe motivar adecuadamente" la adopción de una medida no convencional como el OMT, y que éste "es adecuado para alcanzar una reducción de los tipos de interés" de los bonos de los Estados afectados, en 2012 sobre todo los del sur, como España.
Cruz Villalón sostiene asimismo que el programa OMT "es necesario y proporcionado" en sentido estricto, pues el BCE no asume un riesgo que le lleve necesariamente a un escenario de insolvencia.
Por lo que respecta a la prohibición de financiación monetaria el abogado general señala que el Tratado sobre el Funcionamiento de la UE no prohíbe las operaciones en el mercado secundario.
Pero subraya que sí exige que, cuando el BCE intervenga en dicho mercado, lo haga con garantías suficientes y que el estímulo a la adquisición de deuda no resulte desproporcionado.
En este sentido, el programa OMT debe llevarse a cabo, en su caso, "de modo que se permita que los títulos de deuda pública afectados alcancen un precio de mercado", a fin de que siga existiendo una diferencia efectiva entre una adquisición de títulos en el mercado primario y en el secundario, destaca.
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