París, 12 jun (.).- El Consejo de Europa critica, en un informe realizado tras una visita a España a mediados de 2022, la "inacción" de las autoridades españolas ante las condiciones en las que viven los trabajadores inmigrantes del sector de la fresa en Huelva y las denuncias de explotación laboral.
En este informe de evaluación de España, publicado este lunes, el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) se queja de forma general de que, si bien la Administración española actúa contra la explotación sexual de mujeres y chicas, "se hace mucho menos para detectar e identificar a víctimas de otras formas de explotación, en particular la laboral".
Para preparar su informe, una delegación del GRETA realizó una visita del 4 al 8 de julio de 2022 a España y estuvo, entre otros lugares, en las áreas de producción de fresas en Huelva.
En ese momento había allí 25 asentamientos de temporeros, todos ellos con condiciones insalubres, en los que vivían 914 inmigrantes, en su mayor parte sin papeles y procedentes de Marruecos, Mali y Ghana.
Los expertos del Consejo de Europa señalan que cuando hicieron su visita el pasado año, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) contaba con una plantilla de 857 inspectores y 1.030 subinspectores, a los que hay que sumar 148 en Cataluña y 50 en el País Vasco.
Eso equivale a una media de uno por cada 19.000 trabajadores, una tasa que está "lejos de la referencia razonable" establecida por la Organización Mundial del Trabajo (OMT), que es uno por cada 10.000.
En su respuesta, el Gobierno español asegura que las autoridades "están extremadamente preocupadas con la situación en lugares con un riesgo potencial de víctimas de trata de personas, como los asentamientos informales de migrantes en Huelva".
Por eso en la provincia de Huelva han aumentado las inspecciones laborales preventivas en los últimos años. En concreto, se ha pasado de 57 en 2018 a 119 en 2019, 111 en 2020 (ejercicio afectado por la crisis de la covid), 250 en 2021 y 329 en 2022.
En toda España, las inspecciones de los servicios estatales han subido de 5.075 en 2018 a 5.793 en 2022.
España también insiste en que ha reforzado en los últimos años la formación de los agentes y de los interlocutores sociales, incluidos los de Huelva, para compartir informaciones y buenas prácticas.