Madrid, 4 jul (.).- El Consejo de Ministros ha aprobado la licitación de siete contratos de conservación y explotación en 1.354 kilómetros de carretera (660 km de autovía) en las provincias de Zamora, Toledo, Valencia y Galicia por 245 millones bajo los nuevos pliegos para impulsar la eficiencia energética y reducción de emisiones.
Estos nuevos contratos se suman a los once que se autorizaron la semana pasada por un valor de 293 millones y que se extendían a 2.017 km de carreteras en Asturias, Cantabria, Madrid y las provincias de Soria, Zamora, Sevilla, Almería, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Badajoz.
Los siete contratos autorizados este martes tienen una duración de 3 años, con posibilidad de prórroga por otros 2 años más una prórroga adicional de 9 meses, según ha indicado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En Galicia se invertirán unos 100 millones de euros en cuatro contratos para un total de 652 km, de los que 308 son de autovía, en las provincias de Lugo y Ourense.
Para la provincia de Valencia se contemplan más de 68 millones de inversión en 150,55 km de carreteras, en la provincia de Zamora se recogen 23,69 millones para 201,2 km, mientras que en la provincia de Toledo la inversión asciende a 53,8 millones para 350,496 km.
Las actuaciones comprenden la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, además de determinados contratos específicos de rehabilitación y mejora de firmes y señalización y obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía en determinadas carreteras.
El Ministerio ha incluido objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono en los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Asimismo, se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.