París, 23 ene (.).- El Gobierno francés lanzó este lunes una advertencia a los organizadores de las protestas contra su reforma de pensiones, a la que se oponen de forma unánime todos los sindicatos, en un momento en que algunos piden endurecer las acciones, en particular con cortes de electricidad.
"No todo es aceptable", subrayó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt en una comparecencia de prensa al término del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de reforma, cuando se le preguntó por esas amenazas de cortes de luz.
En una clara referencia a los mensajes lanzados por algunos representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), que en los últimos días han advertido de que podrían interrumpir la corriente a responsables políticos que apoyan la reforma, Dussopt dijo que algunas cosas de las que se habla no entran dentro de "una acción militante reivindicativa, sino que pueden ser delito".
En declaraciones al canal BFMTV, el secretario general de la federación de energía y minas de la CGT, Sébastien Manesplier, que hace una semana había proferido ese tipo de amenazas, afirmó hoy que "la huelga está bien, pero no basta" y hacen falta "acciones que tengan impacto".
Los sindicatos, que de forma conjunta organizaron una primera jornada de huelgas y manifestaciones el pasado jueves, que obtuvo una respuesta masiva con entre uno y dos millones de personas en la calle, han convocado una segunda para el 31 de enero.
Pero alguno de los sindicatos tienen intención de preparar otros paros o acciones espectaculares en servicios básicos, como la energía y el transporte.
DESPLAZAR LA ATENCIÓN HACIA EL PARLAMENTO
El Ejecutivo y el presidente, Emmanuel Macron, pretenden por su parte desplazar el debate hacia el Parlamento, donde la situación les resulta más favorable, y por eso se guardan un cierto margen de maniobra para introducir algunos cambios, pero con límites.
El titular de Trabajo insistió en que ya se han integrado "muchas demandas", y en particular se refirió a la revalorización de las pensiones más bajas al nivel del 85 % del salario mínimo (unos 1.200 euros al mes, si se aprueba el proyecto) para los que hayan cubierto el periodo de cotización completo.
Inicialmente, esa revalorización era para los futuros pensionistas que cumplan la condición del periodo completo de cotización, es decir unos 200.000 de las 750.000 a 800.000 que se van a jubilar cada año, según el ministro.
Pero bajo la presión del partido conservador Los Republicanos (LR), cuyos votos son necesarios para conseguir la aprobación de la reforma en la Asamblea Nacional, el Gobierno de Macron ha decidido ampliarlo a los jubilados actuales que también tengan el periodo de cotización completo, un 10 % del total.
Preguntado sobre si los ajustes del proyecto, que va a comenzar su andadura parlamentaria la semana pasada y el debate en el plenario de la Asamblea Nacional el 6 de febrero, podrían llegar a renunciar al retraso de la edad de jubilación, Dussopt respondió de forma negativa.
EL EQUILIBRIO FINANCIERO .O CONDICIÓN
"Nuestro objetivo -explicó- es volver al equilibrio (financiero) desde 2030" y "el retraso de la jubilación es lo que lo permite", de forma que "renunciar a ese punto sería renunciar al equilibrio".
El principal argumento para embarcarse en esta reforma, que prevé retrasar la edad mínima de jubilación de los 62 años actualmente a 64, es el déficit que se espera en el régimen, de entre 10.000 y 15.000 millones de euros anuales para 2030, equivalentes de alrededor del 3 % del gasto total en pensiones.
El otro eje es acelerar a 2027 el aumento del periodo de cotización completo, que pasará a 43 años, como ya lo preveía la anterior reforma de las pensiones adoptada por un Gobierno socialista durante la presidencia de François Hollande.
Para intentar luchar contra la baja tasa de actividad de los trabajadores de entre 55 y 64 años en Francia (un 56 %, frente al 60 % de media en la Unión Europea), el proyecto de Macron prevé crear un índice que estarán obligadas a publicar las empresas de más de 300 empleados.
Dussopt confirmó que las compañías que no publiquen ese índice que informará de la presencia y del peso de los trabajadores de más de 55 años tendrán una sanción financiera que podría ser del 1 % de su masa salarial.
A partir de ahí, con los resultados de la evolución de ese índice se quiere imponer la obligación de que las empresas que no muestren progresos sean obligadas a discutir de esa cuestión en las negociaciones con los sindicatos.