Bruselas, 10 mar (.).- El Parlamento Europeo (PE) reclama a la Comisión Europea (CE) que adopte "cuanto antes" una directiva que obligue a las empresas de la Unión Europea (UE) a cumplir con la diligencia debida en materia de respeto a los derechos humanos, el medio ambiente o la buena gobernanza.
En una resolución aprobada en pleno por 504 votos a favor, 79 en contra y 112 abstenciones, la Eurocámara reclama reglas que permitan que las empresas rindan cuentas, al forzarles legalmente a identificar y abordar el impacto de sus actividades sobre los derechos de los trabajadores, los derechos humanos o el medio ambiente.
La resolución propone, entre otras medidas, que las futuras normas de responsabilidad corporativa que apruebe el ejecutivo comunitario sean vinculantes, ya que, según el informe, marcos reguladores internacionales sobre este ámbito como los de la ONU, el Consejo de Europa, la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo son voluntarios, lo que limita su adopción por parte de las empresas.
"El Parlamento Europeo tiene la oportunidad esta semana de convertirse en líder de la conducta empresarial responsable", apuntó en el debate en pleno la autora del informe, la eurodiputada socialdemócrata Lara Wolters.
De acuerdo con un estudio de la Comisión, únicamente el 37 % de las empresas reconoce adoptar la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, mientras que alrededor del 70% apoyan la introducción de reglas comunes sobre este ámbito.
Así, las empresas, aseguró Wolters, "entienden que las reglas obligatorias son el único camino para llegar a una igualdad de oportunidades y a la certeza empresarial".
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, apuntó en el debate parlamentario que "las pruebas empíricas nos muestran que las empresas más sostenibles son las que incluyen los intereses de sus actores, incluida su mano de obra y sus empleados" y que estas "a menudo tienen mejores resultados, son más productivas y más resilientes".
MAYOR ALCANCE Y TRAZABILIDAD
La Eurocámara pide además que las normas de diligencia debida sobre derechos humanos y medio ambiente sean obligatorias para todas las empresas que operen en el mercado interior comunitario, sean europeas o no.
Reclama asimismo que se apliquen a toda su cadena de valor, esté esta fuera o dentro de la UE.
"Dado que el 70% del comercio mundial tiene lugar en las cadenas de suministro, debemos centrarnos en regularlas de forma sostenible", expresó el eurodiputado socialista alemán Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio Internacional del PE.
La resolución reclama asimismo que las obligatoriedad de las normas de diligencia debida sea tenida en cuenta en toda la política comercial de la UE.
Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular Europeo, Axel Voss, reclamó que las pequeñas y medianas empresas (pymes) no entren dentro de la obligatoriedad de rastrear "a todos y cada uno de sus posibles miles de proveedores".
A ese respecto, Wolters precisó que exonerar a las pymes "dificultaría su posible crecimiento" en un futuro y defendió que "las obligaciones deberían ser proporcionales y razonables, con lo cual las empresas más pequeñas han de hacer lo que razonablemente pueda esperarse de ellas con los recursos que tienen".
El comisario Reynders afirmó en este sentido que el Ejecutivo comunitario está estudiando medios de apoyo, tales como orientaciones, herramientas, financiación o soluciones tecnológicas para adaptar los requisitos de las normas al tamaño de las empresas.
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