Madrid, 26 oct (.).- El Tribunal Constitucional ha pospuesto a otro pleno el estudio del recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas y también el que presentó el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la condena que supuso la pérdida de su escaño.
Fuentes del tribunal de garantías han informado de que los magistrados no han podido deliberar en el pleno celebrado esta semana la ponencia de la progresista María Luisa Balaguer que aboga por rechazar el recurso interpuesto por el Gobierno madrileño.
Este borrador considera que la creación del impuesto a las grandes fortunas no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en política fiscal de la región, como argumenta el Ejecutivo madrileño.
El TC sí que ha podido empezar a analizar el recurso que presentó el exdiputado de Unidas Podemos y fundador del Proyecto Drago, Alberto Rodríguez, contra la condena que le impuso el Tribunal Supremo por dar una patada a un policía durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014.
Los magistrados han comenzado a deliberar sobre la ponencia de la también progresista María Luisa Segoviano, que propone estimar el recurso de Rodríguez, si bien el asunto ha quedado pendiente para otro pleno, añaden las fuentes.
Esta ponencia propone la estimación del recurso al atender uno de los argumentos de Rodríguez en relación con la vulneración del principio de proporcionalidad.
Rodríguez, que se presentó este verano a las generales con Sumar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde no consiguió acta de diputado, fue condenado en octubre de 2021 a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa de 540 euros, y una accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, de 45 días.
El Supremo le consideró responsable de un delito de atentado a agente de la autoridad en una sentencia que supuso la pérdida de su escaño.
Rodríguez tiene también pendiente otro recurso ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo de la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en el que le comunicaba esa pérdida de su condición de diputado, tal como dijo que le requirió el Supremo.
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