Barcelona, 2 nov (.).- Tras el traspaso acometido en 2010, los sucesivos gobiernos independentistas catalanes han reclamado con insistencia un traspaso integral de las Rodalies (Cercanías), objeto habitual de polémica política a cuenta de las recurrentes incidencias en el servicio.
En 2010 se fijó que la Generalitat de Cataluña sería la titular del servicio, si bien se dejaron abiertos algunos elementos que a día de hoy siguen sin resolverse, como el traspaso económico para cubrir el llamado déficit tarifario (es decir, la parte del coste del servicio que no se sufraga mediante la venta de billetes, sino con aportaciones de las administraciones).
Marcada por una profunda crisis económica, el cambio de color político en La Moncloa con la llegada del PP y el proceso independentista, durante la pasada década ni se ha completado el traspaso acordado ni se ha avanzado hacia un traspaso "integral", que además del déficit tarifario incluye vías, estaciones y catenarias (tres elementos que se pueden resumir con la palabra infraestructuras) y personal.
El acuerdo anunciado este jueves por PSOE y ERC contempla "culminar y ampliar el traspaso integral (...) a lo largo de la presente legislatura".
Estas son las principales claves: 1. Empresa mixta con mayorías cualificadas
Se constituirá una empresa mercantil bajo el nombre Rodalies Catalunya, heredera de lo que hoy es Renfe Viajeros en Cataluña, que se dotará con "los recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios para la prestación de los servicios de Rodalies por parte de Renfe".
Es decir, que Rodalies Catalunya sustituirá a Renfe como operador del servicio de cercanías en Cataluña, asumiendo los trenes que utiliza y su personal, todavía por cuantificar -ello pese a las reticencias, o incluso rechazo frontal, de parte de la plantilla-.
El consejo de administración estará compuesto a partes iguales por representantes de la Administración General del Estado y de la Generalitat, si bien el presidente, propuesto por la Generalitat, contará con "voto de calidad" para decantar las votaciones.
Todas, excepto aquellas que se establezcan como "estratégicas", que para salir adelante requerirán de una mayoría cualificada del consejo. 2. Traspaso, al menos, de las R1, R2 y R3
Un punto conflictivo era la cesión a la administración autonómica de la titularidad de las infraestructuras, ya que el ministerio rechazaba transferir aquellas que forman parte de la Red ferroviaria de interés general (RFIG).
El acuerdo contempla el traspaso "al menos" de la R1 (la que discurre por el Maresme), de la R2 (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) y de la R3 (Papiol-L'Hospitalet-Vic-Puicerdà).
Una comisión con ambas partes sentadas en la mesa determinará "la adecuación o despliegue del marco normativo para hacerlo posible y las condiciones económicas asociadas al mismo". Las gestión de las infraestructuras traspasadas, hasta ahora en manos de Adif, la asumirá Ifercat, precisan fuentes del Ejecutivo catalán.
Además, se deja abierta la puerta a "posibles traspasos futuros de tramos distintos" a los mencionados, que serán determinados a partir de un "análisis de toda la red ferroviaria en Cataluña sin excluir ningún tramo". 3. Traspaso, finalmente, del déficit tarifario
Ya contemplado en el marco del traspaso de 2010, el déficit tarifario nunca se ha llegado a traspasar a la Generalitat, pese al acuerdo inicial, nunca concretado, alcanzado en noviembre de 2021.
Se trata de unos recursos que el Estado debería abonar a la Generalitat para que ésta trate directamente con el operador ferroviario, que actualmente es Renfe, si bien la futura Rodalies Catalunya asumirá más adelante su función. A día de hoy, el Estado transfiere a Renfe estos recursos -a modo de ejemplo, 335 millones en 2022- sin pasar por la Generalitat, pese a ser ésta la titular del servicio.
El pacto entre PSOE y ERC señala que este traspaso económico se acometerá en el caso de los recursos de 2023 a lo largo de 2024, mientras que "en los años sucesivos una vez vencida la anualidad y durante el primer trimestre de cada año se realizará el cálculo del déficit y la transferencia de recursos". 4. Asunción por parte del Estado de otras partidas
En virtud del acuerdo, asimismo, el Estado asumirá la deuda contraída por la Generalitat con Renfe por las mejoras suplementarias que se han requerido en el servicio, lo que resulta en 132,72 millones de euros.
Se trata de actuaciones incluidas en el llamado Plan de Acción para la mejora de la calidad de los servicios.
Recientemente, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) falló que la Generalitat debía abonar a Renfe 80 millones por actuaciones del Plan de Acción entre 2016 y 2019. Esos 80 millones se incluyen en los 132,72 que se traspasarán.
Por otro lado, el Estado asumirá el incremento de cánones ferroviarios de Adif llevada a cabo a mediados de 2017, si bien el acuerdo no especifica en este caso de qué cantidad se trata.