Madrid, 20 jul (.).- El Gobierno y las comunidades autónomas retoman mañana miércoles la negociación de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España con una reunión técnica sobre los eco-esquemas, herramienta por la que una parte de los fondos europeos se destina a ayudas suplementarias para medidas medioambientales.
El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, se reunirá con responsables técnicos de las comunidades autónomas para abordar este asunto, tras la Conferencia Sectorial de la semana pasada entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, y los consejeros autonómicos del ramo.
En el último encuentro, las partes coincidieron en avanzar en la negociación técnica de los eco-esquemas antes de alcanzar un acuerdo político sobre el plan estratégico nacional que permita aplicar la PAC en España.
Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han confirmado a Efe la reunión técnica que servirá para definir más en detalle estas nuevas ayudas ambientales de la política agraria durante el quinquenio 2023-2027.
Será, además, la primera de una serie de trabajos técnicos entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que se han propuesto analizar los resultados en una próxima Conferencia Sectorial, prevista entre septiembre y octubre.
La propuesta inicial del ministerio incluye 4.800 millones de euros en ayudas directas, de los que el 60 % son pagos básicos a la renta, y cerca de 1.200 millones para eco-esquemas, todo ello dentro del primer pilar.
Se pretende así que el 23 % de los pagos directos se vinculen a estas ayudas a favor de prácticas sostenibles, junto a un 2 % adicional de los fondos de desarrollo rural.
Las ayudas al desarrollo (Feader) contarán con una cantidad anual total de 1.100 millones de euros, aparte de otros 900 millones para medidas de mercado y programas sectoriales.
En total, a España le corresponden 47.724 millones de euros de la PAC para el próximo periodo, hasta 2027, tras el reparto de fondos pactados por los países de la Unión Europea, que junto a la Eurocámara y la Comisión Europea llegaron a un acuerdo el pasado junio sobre las normas que regirán estas ayudas.
Cada país debe diseñar antes de final de año un plan estratégico para remitirlo a Bruselas, a la espera de que la Comisión Europea les dé el visto bueno durante el primer semestre de 2022, de forma que la reforma pueda entrar en vigor en 2023.