Madrid, 24 oct (.).- La Audiencia Nacional ha eximido al Banco de España de cualquier responsabilidad patrimonial en la intervención del Banco de Madrid y deniega la indemnización de 141,6 millones de euros que pedía la familia Cierco, accionistas mayoritarios de la entidad.
Así se establece una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que responde a una demanda de Roser Noguer, Ramón Cierco y dos sociedades familiares que habían litigado contra la resolución del Banco de España del 28 de mayo de 2021, que a su vez ratificaba la decisión de intervenir la entidad, adoptada en marzo de 2015.
Los magistrados de la Sección Sexta estiman parcialmente el recurso planteado por los Cierco y les da la razón en que no había prescrito su reclamación, como había establecido el Consejo de Gobierno del Banco de España en mayo en 2021, cuando desestimó la reclamación de los recurrentes por extemporánea.
El tribunal considera, tras analizar el procedimiento, que la presentación de la reclamación efectuada por los Cierco, el 25 de septiembre de 2020, se hizo en el plazo legal.
En relación con la reclamación por responsabilidad patrimonial por la actuación del Banco de España, la Audiencia Nacional rechaza los alegatos de los demandantes y explica que debe descartarse una actuación "irrazonable, arbitraria o desproporcionada".
A juicio de los magistrados, la actuación del Banco de España fue "razonada, razonable y proporcionada" en el ejercicio de sus funciones.
El acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de marzo de 2015, por el que se decretó la intervención del Banco de Madrid, tiene su razón de ser en la decisión de el Departamento estadounidense del Tesoro de considerar a la Banca Privada de Andorra (BPA) -propiedad de la familia Cierco y titular del 100 % del Banco de Madrid- una entidad "sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales".
Tras esa decisión, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), supervisor de BPA, decidió intervenir la entidad para garantizar la continuidad de su operativa, según el texto de la sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante la misma sala.
Por ello, el Banco de España entiende que, dado que BPA posee el 100 % del Banco de Madrid, acuerda su intervención, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el Departamento del Tesoro estadounidenase y por el INAF.
La intervención resultaba, según el Banco de España, la medida más apropiada para "tener un conocimiento continuo de la situación" de Banco de Madrid y asegurar que "no se utilizara para finalidades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo".
Además, la intervención se acordó con exclusión del trámite de audiencia por entender que, de lo contrario, la efectividad de la medida se podría haber visto "gravemente comprometida".