Madrid, 15 may (.).- El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda se debate en el pleno del Senado el miércoles, cuando se espera que sea aprobado de forma definitiva y quede así listo para su publicación en el BOE antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
El texto irá al pleno de la Cámara Alta sin modificaciones, una vez que la reunión de la ponencia de la pasada semana en el Senado no introdujese variaciones al texto remitido por el Congreso y se rechazaran las 6 propuestas de veto presentadas, que se suman a las 324 enmiendas recibidas.
De no introducirse nuevas enmiendas en el articulado, como parece probable, el Senado daría la luz verde definitiva a este proyecto de Ley, que ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 27 de abril.
Una vez que culmine un debate que se espera que dure entorno a cuatro horas, la ley será sancionada y promulgada por el Rey y posteriormente publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
DESBLOQUEADA ANTES DE LAS ELECCIONES
Catorce meses después de que el Consejo de Ministros enviara al Congreso el anteproyecto, la negociación para sacar adelante la Ley de Vivienda se consiguió desbloquear el 14 de abril, cuando el Gobierno de coalición se aseguró los votos necesarios para ello gracias a un acuerdo con ERC y EH Bildu.
La nueva Ley de Vivienda será uno de los activos electorales de cara a los próximos comicios. Y es que, el Gobierno ha hecho de la vivienda uno de sus principales objetivos con reiterados anuncios preelectorales que van desde acuerdos con Sareb, a la compra de suelos del Ministerio de Defensa para promover viviendas asequibles o a una línea de avales públicos para la compra de vivienda que ha generado el rechazo de Unidas Podemos.
Uno de principales escollos en la tramitación parlamentaria de esta ley de vivienda, igual que en los dos años anteriores de negociación entre los dos socios del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos), ha sido el tope de los alquileres.
Finalmente, para este año se mantendrá el tope del 2 % en la subida de las rentas, un límite que aumentará al 3 % en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024 y que para 2025 irá referenciado a un nuevo índice, inferior a la evolución del IPC, que será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y estará listo para el 1 de enero de dicho año.
Por otro lado, el texto incorpora cambios en la definición de "gran tenedor", que en las zonas tensionadas serán aquellos con cinco o más inmuebles y que deberán fijar la renta en función del sistema de índices de precios de referencia.
En materia de desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada, se establecen distintos incentivos fiscales y para incrementar el parque de vivienda protegida en alquiler se establece la reserva del 40 % del suelo urbanizable, entre otras medidas.
El Gobierno quiere hacer de la vivienda el quinto pilar del Estado de Bienestar y espera que esta ley suponga "un punto de no retorno". Defiende que es sólida jurídicamente y que no invade competencias de las comunidades autónomas y de ayuntamientos, como denuncian algunas de las formaciones políticas, entre ellas el PNV.
Por su parte, el principal partido de la oposición, el PP, considera que esta ley es "populista", "intervencionista" y "ocupista", que atenta contra la ley privada, ataca "sin escrúpulos" a la propiedad privada y a la libertad de empresa, perjudica a inquilinos, propietarios y al sector, no soluciona el problema de los vulnerables y jóvenes, facilita la ocupación ilegal y genera inseguridad jurídica.