Madrid, 28 jun (.).- La plataforma Bolt, que ofrece servicios de alquiler de coche con conductor (VTC), ha lamentado este miércoles que el Gobierno vuelva a discriminar entre modos de movilidad, en vez de priorizar los derechos de la ciudadanía a elegir libremente, al limitar en su real decreto la autorización de nuevas licencias VTC.
En un comunicado, la compañía estonia dice que el Gobierno, con sus últimaS medidas, traslada a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la posibilidad de restringir la actividad de las VTC, "dando un trato preferente a un sector frente a otro", lo que considera que va en contra del espíritu de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
El TJUE sentenció hace unas semanas que no se justificaban las limitaciones a las licencias de VTC por razones económicas, por lo que en el nuevo real decreto se restringe la concesión de licencias de VTC por criterios de tráfico o medioambientales, aunque la norma no afecta a las licencias urbanas, que dependen de las comunidades autónomas.
A juicio de Bolt, la incertidumbre y la fragmentación normativa que desencadena la nueva regulación pondrán en juego la sostenibilidad de miles de autónomos y pymes del sector.
En opinión de la plataforma, se sustituyen medidas como el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, una limitación que el TJUE consideró que vulneraba las normas europeas, "por otras que inducen a la confusión, aunque supuestamente estén basadas en criterios objetivos".
Bolt ha dicho que evaluará acciones adicionales, una vez que estudie el texto final, y ha advertido de que la nueva regulación "ahondará en la judicialización del sector".
Además, ha criticado que el Gobierno haya hecho este real decreto por un procedimiento de urgencia, "sin sentar a todos los actores en la misma mesa".
Bolt defiende trabajar en un marco estable a largo plazo, regulando las VTC y los taxis de acuerdo con los principios del TJUE y fomentando la modernización de los taxis.
El director de VTC y Taxi de Bolt en España, Daniel Georges, ha dicho que "la nueva regulación se basa en la premisa de que el taxi es un servicio público, cuestión que el Tribunal Superior de Justicia de la UE ya descartó en su sentencia del 8 de junio".
Bolt ha manifestado que apuesta por una regulación "justa y proporcional" frente a una "liberalización masiva del sector, que pudiera tener consecuencias indeseables sobre los profesionales y los entornos urbanos".
No obstante, considera que cualquier criterio debe ser común a todos los operadores de transporte, tanto taxis como VTC, "en lugar de ser un instrumento para limitar la actividad de uno de ellos".
Para Georges, la sentencia del TJUE era una oportunidad para dotar de la necesaria seguridad jurídica "en torno a reglas claras" y modernizar el transporte urbano, aunque esa oportunidad se ha perdido y ahora espera que "se retome en el nuevo curso político".