Madrid, 23 ene (.).- La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso nombrará mañana martes a los miembros de la ponencia encargada de redactar el informe sobre el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, al que se incorporarán unas 400 enmiendas de las 866 presentadas por los grupos parlamentarios.
La ponencia deberá tener listo el dictamen antes de quince días, aunque ese plazo podría prorrogarse, ya que todavía no está cerrado entre el PSOE y sus socios el acuerdo que garantice la aprobación de la ley en el pleno.
El coportavoz de Podemos Javier Sánchez ha apelado hoy a la discrección "para que la negociación sea exitosa" y ha vuelto a defender que la ley de vivienda es "fundamental para nuestro país de cara a regular los pecios del alquiler y garantizar un parque público de vivienda".
La ponencia se constituye un año después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley para su tramitación urgente y su nombramiento supone un avance significativo en uno de los procesos de negociación más complejos que ha afrontado el Ejecutivo de coalición esta legislatura para cumplir su compromiso de regular los precios del alquiler.
Un compromiso pactado por PSOE y Unidas Podemos en su programa de gobierno ("poner techo a las subidas abusivas"), que concita el rechazo prácticamente unánime del sector inmobiliario y que ha provocado fuertes tensiones entre los dos partidos durante los últimos tres años por la diferente visión que tienen en política de vivienda.
Según fuentes parlamentarias, los socialistas habrían aceptado en los últimos días que la regulación de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas pueda afectar a los nuevos contratos, no solo a los vigentes; una reivindicación de sus socios para evitar que los propietarios retiren del mercado sus viviendas para luego volver a arrendarlas sin que les afecte el control de rentas.
Los sindicatos de inquilinos aseguran que esto es lo que está ocurriendo con el límite del 2 % aprobado por el Ejecutivo como medida extraordinaria en la revisión anual de los contratos para combatir el impacto de la inflación.