Madrid, 28 jun (.).- Las empresas que comercializan bienes y servicios tendrán prohibido desde este jueves realizar llamadas comerciales no deseadas -conocidas como "spam"- a los usuarios que no hayan dado su consentimiento expreso.
En caso de incumplir este precepto, las compañías podrán ser sancionadas de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de junio de 2022, y que incluía un artículo con esta prohibición.
La ley, que regula el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas e incorpora al ordenamiento jurídico español las directivas europeas al respecto, establecía un plazo de un año para la entrada en vigor de este derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales.
La nueva norma es aplicable si la empresa llama a un usuario con una numeración fija o móvil asignada en España y recoge como excepción a aquellos casos en los que la llamada fuera necesaria para proteger intereses vitales, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, entre otros.
EL 47 % DE LAS LLAMADAS PROCEDE DE TELCOS, SEGÚN LA OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima, según un comunicado, que el 47 % de las llamadas aleatorias e indiscriminadas proceden de operadores de telefonía, el 30 % de energía, y el 15 % del sector financiero.
Esta asociación ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) labores de control, vigilancia y en su caso sanciones ejemplares. Este último organismo tendrá potestad para iniciar un expediente sancionador contra la empresa que incumpla.
La OCU advierte, no obstante, que en la práctica resulta imposible identificar qué empresa está detrás de dos de cada tres llamadas comerciales, y sólo en una de cada diez se consiguió información clara para poder cancelar la información registrada y la solicitud de baja.
Se basa en un estudio que elaboró tras recopilar 212 números fijos y móviles que habían tratado de comunicar con un grupo de usuarios, a los cuales se les devolvió las llamadas para averiguar de quién venían.
La OCU afirma que solo se consiguió averiguar a quién pertenecían el 34 % de esos números.