Madrid, 12 jun (.).- Línea Directa ha lanzado este lunes al mercado una nueva cobertura "antiokupación" que se puede incluir en la póliza de hogar, cuesta 10 euros al año y protege al propietario frente a las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de la ocupación ilegal de su vivienda.
Se trata del primer seguro de estas características que existe en España frente a la "okupación" ilegal de la vivienda, bien sea por allanamiento de morada o por usurpación e independientemente de que la vivienda sea o no la residencia habitual del usuario o esté desocupada.
Así lo han explicado hoy en rueda de prensa la responsable de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa, Mar Garre, y el director comercial, Diego Ferreiro, que han precisado que el producto no cubre el caso de un inquilino que deje de pagar su alquiler, que no sería un "okupa", sino un incumplimiento de contrato.
En total, el producto puede llegar a indemnizar a un propietario "okupado" con 33.900 euros, entre asistencia jurídica y costes legales y la compensación económica para rehabilitar la propiedad y otros gastos, o incluso una cantidad superior si las reparaciones se hacen a través de la red de la aseguradora.
Además, se indemnizará al asegurado con 300 euros al mes durante seis meses por las facturas de agua, luz y gas del inmueble y 800 euros mensuales durante ese mismo periodo por la pérdida de rentas del alquiler y el mismo importe en caso de necesitar el propietario un alojamiento alternativo.
La cobertura también incluye hasta 7.500 euros por los daños a terceros causados por la "okupación", como pueden ser los vecinos.
Por ejemplo, el coste de un allanamiento durante seis meses de una vivienda habitual de 70 metros cuadrados, de una familia que necesite alojamiento alternativo, con cambio de cerradura, pintura y otros trabajos de reparación y responsabilidad civil por daños de agua a terceros sería de unos 12.000 euros, según cálculos de la empresa
El objetivo es "transmitir tranquilidad a los propietarios de vivienda que sufran usurpación o allanamiento de morada", ya que las coberturas pueden alcanzar hasta 34.000 euros, ha explicado Ferreiro.
Preguntado por si la recientemente aprobada Ley de Vivienda puede alargar el proceso de recuperación para el propietario, ha explicado que aún es pronto para decirlo y ha destacado que hay trámites administrativos que no están claros y dependen de la administración regional, pero ha admitido que se podría alargar en algunos casos.
En los últimos cinco años se han registrado en España una media de 15.000 denuncias al año por ocupación ilegal de viviendas, más de 40 al día, y cada año hay una media de 3.000 juicios civiles por este motivo, según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial.
La ocupación, ha recordado Garre, no es un término jurídico, sino la forma coloquial de referirse al acto por el que una o varias personas se instalan a vivir en un inmueble que no les pertenece, una figura que se denomina allanamiento o usurpación.