Madrid, 31 may (.).- El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (Cscae) ha aprobado una declaración que aboga por un "esfuerzo colectivo" que incluya a administraciones públicas, sector privado, financiero, profesionales y sociedad civil para que la vivienda sea más asequible en España.
El documento, aprobado por unanimidad en el pleno del Cscae, parte del hecho de que una vivienda que no sea accesible en el sentido económico no puede asociarse a un derecho, ni a un bien de uso común, sino a un producto de inversión, alejado de su función social.
Los arquitectos sintetizan el problema de la vivienda en dos barreras: las dificultades de acceso a viviendas asequibles y el envejecimiento del parque edificado.
Según sus datos, con 10 millones de edificios y más de 25,7 millones de viviendas, de las que más del 50 % precisa de una rehabilitación en términos de eficiencia energética, pero también de accesibilidad y adaptación de sus funcionalidades para atender las necesidades de la población de forma adecuada, el parque construido en España es el más antiguo de Europa.
En esa línea, consideran "imprescindible" habilitar mecanismos de financiación -para lo que apuestan por los fondos europeos-, así como un marco jurídico que aporte estabilidad y seguridad y una acción pública que sirva de apoyo a la iniciativa privada, "activando el suelo vacante, instando a la regeneración de edificaciones obsoletas y valorizando el amplio suelo edificado" en pueblos y ciudades.
A su juicio, eso incluye poner en uso las viviendas vacías y, desde la perspectiva de la propiedad, el deber de conservar y rehabilitar.
"Entre el valor en uso y el valor de inversión no debe existir divergencia: solo la vivienda en uso puede ser considerada como base de una inversión. La vivienda vacía o el suelo vacante son un recurso estéril cuyo valor se convierte en mero objeto de especulación, incompatible con su función. Una vivienda es donde alguien vive”, recalca el texto.
Respecto al compromiso de las autoridades públicas, piden a las administraciones locales agilizar la concesión de licencias y simplificar la legislación, ya que "penaliza el desarrollo de viviendas más económicas", frente a las de mayor precio, que son más "atractivas para la inversión privada", y se traducen en un elevado número de viviendas sin ocupar.
También consideran una opción favorable "rehabilitar edificios de otros usos" para recuperar un patrimonio que "carece de sentido si no se le dota de uso".