París, 3 may (.).- La oposición a la reforma de las pensiones, encabezada por la izquierda francesa, ha recibido este miércoles un nuevo varapalo legal al rechazar el Consejo Constitucional la solicitud de referéndum para la ley que retrasa la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.
Se trataba de una de las últimas esperanzas que los partidos progresistas y los sindicatos tenían para paralizar la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, que ya fue promulgada por él mismo el pasado 15 de abril con la intención de que entre en vigor en septiembre.
Ésta era la segunda propuesta que la izquierda presentaba para organizar el llamado Referéndum de Incitativa Compartida (RIP), después de que la primera, analizada el 14 de abril, también fuese descartada por el mismo Constitucional.
Esta última iniciativa había sido firmada por 253 diputados y senadores, en su inmensa mayoría de izquierdas (La Francia Insumisa, socialistas, ecologistas y comunistas).
En un comunicado, el Consejo Constitucional, que preside el exprimer ministro socialista Laurent Fabius, insistió en que esa segunda propuesta de referéndum tampoco suponía "una reforma relativa a la política social" que sí podría justificar su convocatoria.
Con respecto a la primera, se había añadido, como novedad, la creación de un aumento de los impuestos sobre el capital para financiar las pensiones. Sus promotores tenían la esperanza de que así podía ser admitido con el argumento de que eso suponía un cambio sustancial. Pero no tuvo éxito.
La presidenta del grupo parlamentario de La Francia Insumisa -primera fuerza de izquierda-, Mathilde Panot, ha criticado la última decisión del Consejo Constitucional y ha asegurado que, a pesar de todo, "nada está perdido".
Panot ha hecho un llamamiento a la participación en las movilizaciones que los sindicatos han convocado para el próximo 6 de junio, la enésima contra la reforma de las pensiones.
El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT, el segundo del país) ha rechazado en un comunicado la decisión del Consejo Constitucional y ha criticado que se impida a la población expresarse sobre "un tema tan central".
Discreto en su rechazo a la reforma, el primer partido opositor, la Agrupación Nacional (RN) de la ultraderechista Marine Le Pen, ha afirmado en una nota que "únicamente el voto de los parlamentarios y la papeleta de voto" podrán truncar la controvertida norma.
La RN anunció la presentación de un proposición de ley para impedir que la jubilación se alargue hasta los 64 años, en contra de la nueva ley del presidente, Emmanuel Macron, que la ha justificado para equilibrar las finanzas públicas (casi 14 % del PIB francés se dedica al pago de pensiones).
Los detractores de la reforma tienen cada vez menos margen para impedir que entre en vigor en septiembre.
Una de las posibilidades es que el próximo 8 de junio se someta a votación en la Asamblea Nacional una propuesta para abolirla.
Para que saliese adelante, necesitaría del apoyo de muchos parlamentarios del partido de la derecha clásica, los Republicanos, que hasta ahora muy mayoritariamente se han mostrado más inclinados a retrasar la edad hasta los 64 años.