Marta Hurtado
Ginebra, 28 nov (EFE).- Los helvéticos votarán este domingo en referéndum sobre si quieren eliminar o mantener los privilegios fiscales de los que gozan los extranjeros ricos que no ejercen ninguna actividad lucrativa en la Confederación Helvética.
Toda persona domiciliada en Suiza debe pagar impuestos, y la imposición se basa en los ingresos y en la fortuna.
Sin embargo, desde el siglo XIX existen privilegios concedidos a los ricos extranjeros que no ejercen ninguna actividad lucrativa en Suiza pero que quieren residir, teóricamente, de forma permanente.
Este privilegio permite que se les imponga en función de su tren de vida en Suiza y en el extranjero, es decir, en función de los gastos, y no de sus ingresos y su fortuna.
El tren de vida comprende el alquiler (o el valor que se pagaría por el alquiler si la vivienda es de propiedad), los gastos de comida, ropa, formación, pago a los empleados domésticos, los viajes, los coches, etc.
Actualmente, 21 de los 26 cantones tienen una legislación al respecto, dado que otros 5 -Zurich, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Exterior, Basilia ciudad, y Basilea cantón- contaban con ellos pero los abolieron en el pasado reciente.
Los cantones de la orilla del Lago Leman y los turísticos son los que cuentan con más beneficiarios de este privilegio.
Los partidos de izquierda han decidido acabar con estas prebendas y lograr que los extranjeros ricos paguen también en función de sus ingresos y de su fortuna.
Argumentan que la prerrogativa viola la igualdad fiscal, es una herramienta de evasión fiscal, y una traba a la lucha contra la criminalidad económica, y entienden que todos los residentes deberían ser tratados de igual forma.
Asimismo, argumentan que el sistema es "fértil al favoritismo y a la arbitrariedad" y que la domiciliación efectiva se verifica raramente.
Por ello, han presentado la iniciativa que tiene el elocuente título de "Freno a los privilegios fiscales a los millonarios".
La propuesta cuenta con la oposición del Consejo Federal (gobierno) y del Parlamento que argumentan que "existe una larga tradición" y entienden que este sistema revierte grandes ingresos para algunos cantones, y que deberían ser éstos quien decidan de forma unilateral.
El Gobierno acepta que la equidad fiscal no se respeta pero entiende que los beneficios son mayores que los inconvenientes.
No obstante, para apaciguar los ánimos y evitar que la iniciativa se apruebe, el Parlamento ha aprobado con el apoyo del Gobierno una nueva legislación que establece que a partir de 2016, el valor de gasto mínimo para poder beneficiarse del sistema será siete veces el valor del alquiler del domicilio.
Los partidos de derechas, los empresarios, las asociaciones de municipios de montaña, y los cantones más beneficiados rechazan la iniciativa.
Los defensores recuerdan que los cinco cantones que decidieron suprimir el privilegio no han padecido sustanciales pérdidas de ingresos.
Según los datos oficiales, en 2012 existían 5.634 beneficiarios del sistema, que aportaron 695 millones de francos (578 millones de euros) a las arcas públicas de los tres niveles administrativos.
No obstante, estos montos no significan más que el 0,4 por ciento de las entradas fiscales de la Confederación, los cantones y los municipios.