Madrid, 24 oct (.).- La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, ha señalado este martes, en la inauguración de la segunda edición del Global Mobility Call (GMC), que el reto de lograr una movilidad sostenible requiere del concurso de todos los poderes públicos: gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos.
"Nunca fue tan necesaria una gobernanza horizontal, basada en el diálogo y en la cooperación. Este no es el campo apropiado para la lucha partidista sino para la defensa del interés general", ha asegurado, en referencia a la importancia de que las corporaciones locales trabajen para acelerar la ejecución de las inversiones en movilidad sostenible financiadas con cargo a los fondos del Plan de Recuperación.
"No estamos en disposición de dar pasos atrás. Algunas medidas adoptadas para suprimir zonas de bajas emisiones de nueva creación o para frenar proyectos ya en marcha cofinanciados por Europa son injustificables y perjudican gravemente a los ciudadanos", ha advertido.
Son unos movimientos que "van en dirección contraria al consenso de la comunidad internacional y de los distintos sectores de la sociedad", ha añadido.
La ministra ha hecho hincapié en que la transición ecológica de la movilidad no es un capricho de este Gobierno, sino un compromiso global y europeo a través de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París, pero también del Pacto Verde europeo, que aspira a convertir nuestro continente en climatológicamente neutro en 2050.
La ministra ha destacado que España es el único país en recibir de la Unión Europea el tercer tramo de los 69.500 millones de los fondos que ya estaban aprobados, a los que se sumarán ahora otros 93.500 millones en créditos y subvenciones, tras la luz verde de Bruselas la adenda al Plan de Recuperación presentada por el Gobierno.
Relacionado con esto, la movilidad sostenible es uno de los grandes destinos de sus partidas con más de 13.000 millones de euros.
Por eso, las comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas han de compartir la responsabilidad de transformar la movilidad "por convencimiento y porque ya tienen adjudicados o transferidos 3.600 millones para hacerlo posible", ha defendido.
"Es exigible que las administraciones receptoras de estos fondos contribuyan a acelerar su ejecución y que faciliten que ese dinero llegue a la economía real", ha indicado, tras insistir en que afrontar este desafío es una responsabilidad que requiere del compromiso de todos los poderes públicos.