Ciudad de Panamá, 16 dic (.).- Los Gobiernos de Panamá y Colombia han tomado la "decisión política" de impulsar un viejo proyecto de interconexión eléctrica de 800 millones de dólares, que consideran clave para la descarbonización y transición energética de ambos países y que esperan sea un ejemplo de los más altos estándares en materia ambiental y de participación ciudadana.
"Nos hemos puesto de acuerdo en encontrar los mecanismos técnicos, los mecanismo sociales, financieros y hacer un proyecto de interconexión de dos países que beneficie a todo un continente garantizando la sostenibilidad, la transición energética, la resiliencia del sistema y sobre todo exigiendo que se haga con justicia energética", ha afirmado este lunes el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, en declaraciones a la prensa.
Martínez-Acha se ha reunido hoy en la capital panameña con los ministros colombianos de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, y de Ambiente, María Susana Muhamad y con los titulares panameños de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y de Energía, Juan Manuel Urriola, para abordar los retos del proyecto, que ambos países se plantearon en 2009 como una línea de cerca de 500 kilómetros y de 400 megavatios de potencia, pero que hasta ahora no ha logrado concretarse.
El proyecto, con un costo de 800 millones de dólares según dijo este lunes el secretario Nacional de Energía de Panamá citando los cálculos de la sociedad Integración Eléctrica Colombia-Panamá, "se conversó por primera vez hace más de 15 años", y "la decisión política hoy existe" para avanzar en su desarrollo, afirmó el canciller Martínez-Acha.
El gerente general del proyecto, Jorge Jaramillo, presentó un informe sobre los avances y retos pendientes, destacando que se han completado los estudios ambientales en campo y se han obtenido licencias clave en ambos países, aunque subrayó la necesidad de acuerdos integrales.
"La interconexión debe avanzar de manera decidida, pero para ello necesitamos consensos completos en lo social, lo técnico y lo regulatorio. Solo así garantizaremos su sostenibilidad y éxito", afirmó Jaramillo, de acuerdo con un comunicado oficial.
Los representantes panameños y colombianos han resaltado con énfasis que la puesta en marcha de la obra, que se espera emplee a unas 2.000 personas en su punto más alto, tomará el tiempo que "sea necesario" para garantizar la participación y el acuerdo de todas las comunidades rurales y aborígenes que serán impactadas por el mismo.
"Hoy el principal mensaje de la conversación que hemos tenido es que debemos convertirlo (el proyecto) en un ejemplo que permita los más altos estándares en términos ambientales, una clara, directa y sincera participación vinculante de las comunidades que están en los lugares donde tendrá impacto el proyecto (…) que garantice el descarbonización de nuestras economías y desarrollar esa transición energética", ha declarado el titular colombiano de Minas y Ambiente.
En ese sentido, el ministro panameño de Ambiente ha subrayado que el desarrollo del proyecto pasa por la "plena aprobación" de los pueblos originarios por donde pasará la línea eléctrica, y que incluyen zonas altamente biodiversas, como añadió por su lado la ministra de Ambiente de Colombia.
"Hemos acordado todos los aquí presentes (...) que estamos ante una gran oportunidad de demostrar al mundo que es posible hacer proyectos de esta naturaleza, que van a generar una mejor condición social y ambiental y no por el contrario proyectos que pueden mejorar el producto interno bruto de cada uno de los países pero a costa de la sostenibilidad ambiental y social", ha añadido la ministra Muhamad.
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