Buenos Aires, 27 may (.).- Argentina vive una polémica sobre la distribución de alimentos desde el Ejecutivo y el rol de las organizaciones sociales que administran los planes para pobres y desempleados, en un contexto de inflación del 289,4 % anual y un nivel de pobreza del 41,7 % de la población a fines de 2023.
Este lunes, el Ministerio de Capital Humano informó de que apelará la petición de distribución de alimentos a los que la cartera llama "comedores fantasmas", después de que la Justicia le intimara a repartir 5 mil toneladas que el Ejecutivo de Javier Milei reconoció que mantiene almacenadas y demoradas en dos galpones (naves).
La cartera a cargo de Sandra Pettovello "apelará el pedido del juez federal Sebastián Casanello, quien solicitó que en 72 horas se elabore un plan para distribuir los alimentos alojados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí del Valle que las organizaciones utilizaban para los comedores fantasma", indicaron los portavoces del Ministerio que lidia con las organizaciones sociales.
El Gobierno de Milei reconoció que existen 5 millones de kilogramos de alimentos sin distribuir en espacios del Ministerio de Capital Humano, que, indicó, fueron adquiridos durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y retenidos por la actual gestión en función de las auditorías que se llevan adelante, aclarando que tienen diferentes fechas de vencimiento y no están a punto de caducar.
Según informó Capital Humano este lunes, de las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60 % -más de 3 mil toneladas- corresponde a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular de la gestión anterior, que se encuentra bajo auditoría.
El pedido del juez "es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes", indicó la cartera, que ratificó que "no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas".
Para el Ministerio de Capital Humano, "es una cuestión de política pública" y "estos alimentos tienen como fin asistir en emergencias y catástrofes".
El Gobierno de Milei ha denunciado irregularidades por parte de las organizaciones sociales, a las que considera intermediarios que quitan dinero de los planes sociales pagados por el Estado a pobres y desempleados, y que casi el 50 % de los comedores populares no existían, según la auditoria del Ministerio.
El juez Casanello también citó a declarar a Eduardo Belliboni, líder de Polo Obrero, una de las organizaciones sociales y piqueteras más destacadas, por presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado y a 22 personas de otras dos organizaciones, por extorsión y amenazas a los beneficiarios de planes sociales.
"Belliboni, se acabó la joda. A indagatoria, vos y 22 gerentes de la pobreza más. Ya era hora de que aquellos que explotan a los más vulnerables rindan cuentas. Cuando el cambio es a fondo, el que las hace, las paga", publicó en X la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.