Santiago de Chile, 16 may (.).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, arremetió este martes contra un proyecto de ley que busca reducir parte de la millonaria deuda que las aseguradoras privadas de salud, conocidas como Isapres, tienen con sus clientes desde 2019 por cobros excesivos.
"Soy crítico del proyecto de ley que se aprobó el día de ayer en la comisión de Constitución del Senado porque, desde nuestra perspectiva como Gobierno, lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento de un fallo de un poder independiente", dijo el mandatario.
El Gobierno presentó la semana pasada un proyecto que busca dar solución a un fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022 que obliga a las instituciones de salud previsional a devolver a sus afiliados más de 1.400 millones de dólares por cobros excesivos desde 2019.
El máximo tribunal dictaminó que las formas en que las Isapres habían fijado las primas en función del género y la edad eran inconstitucionales, y estableció una única tabla de factores para sus más de 3 millones de cotizantes, el 18 % de la población total.
Las aseguradoras, a quienes la Corte Suprema extendió el plazo por seis meses para pagar la deuda, denuncian que la propuesta del Gobierno supondrá el fin de la industria y que la deuda que deben pagar es cuatro veces su patrimonio actual y equivale al total de beneficios generados en los últimos 33 años.
El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, calificó este martes en una comisión parlamentaria la propuesta del Ejecutivo de "engaño", y advirtió de que, de aprobarse la ley en mayo, el sistema "cerrará" en septiembre.
Un grupo de senadores opositores de derecha y centro-derecha presentó esta semana un proyecto alternativo que estipula que las aseguradoras puedan saldar su deuda con prestaciones de salud y recalcular el precio base de sus planes de salud para paliar el efecto de la tabla única de factores.
Creado durante la dictadura militar (1973-1993), el sistema está formado por nueve compañías y a lo largo de los años empujó el desarrollo de clínicas privadas, que empezaron a integrarse verticalmente en holdings con las isapres.
Los restantes 16 millones de chilenos, principalmente los de menores ingresos, se atienden en la salud pública, a la que se paga una cotización mensual equivalente al 7 % de los ingresos.