Madrid, 31 ene (.).- Renfe está preparando su estructura para afrontar el proceso de liberalización de los servicios públicos de Cercanías en un plazo de diez años, al que obliga la Unión Europea (UE), y aspira a seguir siendo el operador de referencia en el mercado español.
Fuentes de la compañía han confirmado a Efe que el contrato-programa entre Renfe y el Estado establece que este proceso deberá hacerse en 2033, lo que significa que las licitaciones de los servicios liberalizados deberán comenzar en 2031, con tiempo suficiente para que puedan arrancar en plazo.
En ese momento, las autoridades competentes en materia de Transportes (la Administración General del Estado o las comunidades autónomas con competencias transferidas), licitarán el servicio, al que podrá concurrir cualquier operador, pero que será prestado en exclusiva por el ganador del concurso.
Es decir, no habrá, como sí ocurre en la alta velocidad liberalizada, varios operadores en los mismos servicios.
El objetivo de Renfe es concurrir a todas las licitaciones y ganarlas, dado que pretende seguir siendo el operador de referencia.
Señalan que en su haber figura su experiencia y la convicción de que las autoridades competentes van a seguir contando con el agente ferroviario de referencia en España, aunque "se abre un entorno que puede generar cierta incertidumbre", al depender las adjudicaciones de las diferentes autoridades competentes.
El diario El País publica este martes el inicio de este proceso de liberalización en Cercanías, con una reordenación de su estructura y efectivos, tal como se trató en el Consejo de Administración de la compañía este lunes.
Las fuentes de la compañía explican que el contrato-programa afecta a la actividad de Renfe en 11 núcleos de Cercanías, 6 núcleos de Cercanías Ancho Métrico (la antigua Feve), 5 áreas de Media Distancia Convencional y otras 5 áreas de Alta Velocidad de Media Distancia-Avant.
En algunos países del entorno, como Reino Unido y Suecia, este proceso en Cercanías está ya muy avanzado, y algo menos en Alemania, en tanto que en Francia comenzó en 2022.
En España, la Administración central tiene competencias en la mayor parte del Estado, pero también las tiene la Generalitat de Cataluña (Rodalies), están negociando la transferencia los gobiernos vasco y valenciano, y Andalucía ha mostrado su interés por crear nuevos servicios ferroviarios de servicio público que unan las principales ciudades de la comunidad.
La liberalización ya es un hecho en los servicios comerciales (no sujetos a obligación de servicio público) como el AVE y la larga distancia, donde Renfe opera en competencia con la francesa Ouigo (filial de la pública SNCF) y la italo-española Iryo.