Madrid, 8 feb (.).- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ultima una orden ministerial que introducirá cambios en el proceso de autorización para la instalación de puntos de recarga eléctrica en España, con el objetivo de permitir una mayor agilidad administrativa.
El proyecto de la orden consultado por EFE, que estuvo abierto a consulta pública hasta el pasado 24 de enero, modificará la normativa que regula los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios, vigente desde 1997.
Este borrador, que aún podría sufrir modificaciones hasta su aprobación final, incorporará una disposición adicional para dar mayor agilidad a la tramitación administrativa de las autorizaciones, en la que participan diferentes administraciones públicas.
Concretamente, se estima conveniente "complementar la regulación a fin de simplificar las exigencias para obtener las autorizaciones de los puntos de recarga eléctrica, posibilitando el cumplimiento de los requisitos exigidos a través de la técnica de la declaración responsable".
Para ello, se plantea una alternativa en la que, a través de una declaración responsable, el titular de la autorización de la instalación principal manifieste contar efectivamente con la titularidad y mostrar su conformidad con la actuación solicitada por el interesado.
De esta forma, la orden asegura que se incorpora "una vía más sencilla para que el interesado acredite que el titular de la autorización de la instalación principal ostenta esta condición y además está conforme con la actuación solicitada".
Pese a que la normativa original ya se modificó en febrero de 2020, el Grupo de Trabajo de Infraestructura de Recarga del Vehículo Eléctrico (GETRIVE) creado en julio de 2022 identificó la necesidad de dotar de aún mayor agilidad a la tramitación administrativa de las autorizaciones.
Esta nueva orden contribuirá a impulsar el despliegue de puntos de recarga eléctrica en España, que la patronal de fabricantes Anfac cifra actualmente en cerca de 17.000, muy lejos del objetivo de 100.000 fijado por el Gobierno para este mismo año.