Bruselas, 31 ene (.).- La Unión Europea apenas ha avanzado en su objetivo de integrar en un mercado único los negocios de electricidad de sus veintisiete países, según un análisis del Tribunal de Cuentas de la UE que critica una falta de armonización y de supervisión que limita la competencia y encarece las facturas.
El "informe especial" de los auditores de la UE dado a conocer este martes, mientras se está gestando una reforma en profundidad de ese mercado, escruta si, entre 2015 y 2021, la Comisión Europea y la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) "contribuyeron a mejorar la integración y el funcionamiento del mercado interior de la electricidad en la UE".
La conclusión es que los avances fueron mínimos y que la UE aún está lejos un objetivo que originalmente pretendía alcanzar en 2014.
El Tribunal de Cuentas detecta carencias tanto en el diseño de las políticas por parte de la Comisión Europea como en su implementación por parte de los países de la UE o la supervisión a cargo de ACER.
La escasez de avances responde a "una arquitectura jurídica compleja, retrasos, insuficiencias en la gobernanza y vigilancia del mercado incompleta", resumen los auditores.
La integración del mercado eléctrico arrancó en 1996, cuando "los monopolios energéticos nacionales se abrieron gradualmente a una mayor competencia", y su consecución promete mejores precios, garantizar la seguridad del suministro y lograr la transición verde.
El objetivo se articuló a través de tres paquetes normativos energéticos adoptados en 1996, 2003 y 2009, y distintos reglamentos que fijan las normas armonizadas del mercado, el funcionamiento de la red y las reglas de conexión, así como la supervisión de los mercados mayoristas "con el fin de detectar y disuadir la manipulación de mercado".
El resultado es que "la UE ha hecho pocos avances", dice el Tribunal de Cuentas.
"Los retrasos para acoplar los mercados energéticos nacionales se acumulan por las insuficiencias en la gobernanza de la UE y el complejo sistema normativo para permitir el comercio transfronterizo, que frena la aplicación de normas de mercado", razonan los auditores.
La supervisión del mercado por la Comisión Europea y ACER "tampoco logró mejoras suficientes" para "restringir el abuso y la manipulación han sido insuficientes", por lo que el riesgo repercute "principalmente en el consumidor final".
"El enfoque de ACER para la recogida de datos no fue exhaustivo y su evaluación de dichos datos abarcó una variedad demasiado reducida de conductas abusivas", dice el Tribunal de Cuentas, que reconoce un papel "fundamental" a esa agencia en la coordinación, pero señala que "carece de mecanismos para garantizar el cumplimiento conforme al marco jurídico".
La auditoría incide en que los precios mayoristas "difieren mucho entre Estados miembros y los precios al por menor siguen estando fuertemente influidos por los impuestos nacionales y las tarifas de red, en lugar de estar abiertos a la competencia".
Esa realidad favorece que productores, proveedores de electricidad e intermediarios "exploten las lagunas o, lo que es peor, de que los Estados miembros compitan por ofrecer el entorno más permisivo por las sanciones y la ejecución", advierte el informe.
RE.ENDACIONES
El analista Mihails Kozlovs, director de la auditoría, subrayó que la actual crisis energética hace "aún más acuciante que la UE finalice su mercado interior de la electricidad".
De cara a esa reforma, el Tribunal de Cuentas recomienda a la Comisión Europea que "optimice el marco normativo, refuerce el marco de supervisión de las directrices de red, mejore la gobernanza de ACER y evalúe la necesidad de un marco para la aplicación coherente de las sanciones".
A la agencia de los reguladores le sugiere que "revise los recursos asignados a la supervisión de las directrices, mejore la vigilancia sobre la integridad del mercado mayorista de electricidad y mejore la transparencia y la rendición de cuentas de su trabajo".
Y a las capitales les recuerda que la UE se fijó en 2002 un objetivo de interconexión eléctrica del 10 % como proporción de la capacidad de producción de electricidad para cada Estado miembro, que debía alcanzarse en 2005 y que se amplió a 2020.
Once Estados miembros tenían en 2019 un nivel inferior a ese listón, entre ellos España. El número no ha variado desde 2011 y los auditores subrayan la importancia de acometer y supervisar el cumplimiento de esas inversiones.
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