Por Nichola Groom
18 may (Reuters) - La Administración Trump ha puesto fin a un período de dos años de moratoria en el pago del alquiler para proyectos solares y eólicos que operan en terrenos federales, enviándoles cuantiosas facturas retroactivas en un momento en que la industria se enfrenta a las consecuencias del brote de coronavirus, según dijeron directivos de empresas.
La medida representa un revés multimillonario para una industria que ya ha sufrido la cancelación o el retraso de proyectos de instalación debido a la crisis sanitaria mundial, que ha reducido las inversiones y ha disminuido las perspectivas de la demanda de energía.
Además, entra en conflicto con los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para proteger a las empresas de los daños económicos a través de préstamos federales, exenciones de tasas y de impuestos y una aplicación más laxa de la normativa.
Avangrid Inc, propietario de plantas de energía en Estados Unidos controlada por la española Iberdrola (MC:IBE), recibió una factura de más de 3 millones de dólares por dos años de alquiler en terrenos federales cerca de San Diego para su proyecto eólico Tule, con capacidad de 131 megavatios, según su portavoz Paul Copleman.
Responsables de otros dos proyectos renovables también confirmaron que habían recibido facturas de alquiler retroactivas del Gobierno federal, pero pidieron que no se les nombrara al analizar el tema, en un momento en que el sector presiona al Gobierno para que lo ayude a capear la crisis.
Unos 96 proyectos solares, eólicos y geotérmicos a escala de empresa de servicios públicos operan en tierras gestionadas por la Oficina de Administración de Tierras del Departamento del Interior de EEUU, según The Wilderness Society y el Yale Center for Business and the Environment.
Las facturas fueron una sorpresa, según Shannon Eddy, directora ejecutiva de la Large-scale Solar Association, una patronal de dueños de complejos de energía solar. No obstante, según Eddy algunas compañías probablemente habían reservado fondos en caso de que llegaran los proyectos de ley.
(Editado por Richard Valdmanis y Marguerita Choy; traducido por Tomás Cobos)