Túnez, 25 ene (.).- La Presidencia de Túnez desmintió hoy haber firmado algún documento relacionado con un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que negocia un nuevo préstamo de 1.900 millones de dólares en medio de una grave crisis económica, según reveló una fuente cercana al mandatario a la agencia estatal TAP.
Horas antes, el exministro de Comercio Mohsen Hassan aseguró en una entrevista a un medio local que la institución financiera habría exigido la firma del presidente Kais Said y que éste habría finalmente aceptado y remitido una carta de intenciones para salvar in extremis unas negociaciones que se prolongan desde hace ya un año.
Otra de las condiciones, afirmó el exministro, sería el compromiso por parte del gobernador del Banco Central para poner en marcha el plan de reformas económicas y sociales presentado al FMI, que incluye la retirada de las subvenciones públicas a productos de primera necesidad y carburantes, la privatización de algunas empresas públicas y la reducción de la masa salarial.
Durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), la primera ministra Nedjla Bouden se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que aseguró que su organismo continúa siendo un "socio sólido" para el país magrebí.
Sin embargo, desde que el consejo de administración desprogramara "sine die" su examen de aprobación, previsto a mediados de diciembre, las autoridades tunecinas insisten en que el motivo de la demora es "para ultimar los detalles" de este programa.
La poderosa central sindical UGTT ha criticado duramente los presupuestos generales del Estado, que reducirá un 26,4 % el gasto público de los subsidios, y ha anunciado movilizaciones masivas en caso de no alcanzar un consenso político.
El país magrebí se enfrenta a una inflación del 10,1 %, la más alta de las últimas tres décadas, agravada por la pandemia y la crisis de cereales tras la invasión rusa de Ucrania, país del que depende fuertemente en materia de importación.
Al mismo tiempo, la tensión aumenta desde que el jefe del Estado se hiciera con plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social" mientras la mayoría política denuncia un proyecto "autoritario" tras ratificar una nueva constitución que instaura un régimen "ultrapresidencialista".