Río de Janeiro, 26 may (.).- Un tribunal brasileño ordenó este viernes, por los riesgos ambientales, la suspensión de las obras del Maraey, el gigantesco complejo turístico que comenzó a ser erguido en abril en el litoral del estado de Río de Janeiro por la compañía IDB Brasil, controlada por los grupos españoles Cetya y Abacus.
La suspensión fue determinada por el magistrado Herman Bejamin, miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), mediante cautelar solicitada a petición del Ministerio Público y ante el riesgo de que el proyecto degrade un área de protección ambiental en Maricá, ciudad a 45 kilómetros de Río de Janeiro.
De acuerdo con el magistrado, los argumentos presentados por el Ministerio Público confirman la posibilidad de que el "Emprendimiento Turístico Residencial Maraey" degrade una delicada área de restinga ubicada entre la playa de Maricá y la laguna del mismo nombre.
Según sus constructores, el proyecto, que recibirá una inversión de 2.200 millones de dólares (unos 2.050 millones de euros) en los próximos 14 años, prevé la construcción de 4 hoteles 5 estrellas y varias urbanizaciones residenciales en un área de 850 hectáreas.
El complejo, que también contará con una reserva natural y con varios centros educativos y deportivos, así como con un campo de golf y un centro hípico, podrá recibir hasta 300.000 turistas por año, según la IDB.
El proyecto ya recibió las licencias ambientales de las autoridades municipales y del estado de Río de Janeiro, que respaldan la iniciativa, por lo que el Ministerio Público recurrió ante el tribunal de tercera instancia para suspender las obras.
De acuerdo con la decisión del STJ, todas las licencias ambientales concedidas quedarán sin valor hasta que el tribunal se pronuncie de forma definitiva sobre la denuncia del Ministerio Público contra el proyecto por daños ambientales.
La IDB Brasil, en un comunicado enviado a EFE, dijo haber recibido "con enorme tristeza la noticia sobre la paralización cautelar" por considerar que, en lugar de una amenaza, el proyecto es la solución para garantizar la preservación ambiental del área de protección ambiental.
Según la empresa, el proyecto preservará el 81 % del área total (tan solo un 6,6 % será construida) y, además de la quinta mayor reserva particular de Brasil, albergará un centro de investigación académica para "profundizar en el conocimiento de los ecosistemas de la región".
La empresa afirmó que presentará un recurso para intentar revertir la decisión y que seguirá actuando por el desarrollo turístico y sustentable de Maricá y del estado de Río de Janeiro.
El proyecto también ha generado polémica debido a que su área incluye una aldea de unos 180 indígenas de la etnia tupí-guaraní expulsados del vecino municipio de Niteroi y que resisten al desalojo, pese a que IDB garantizó reubicarlos en un lugar con mejores condiciones.