Por David Ingram y Joel Schectman
NUEVA YORK/WASHINGTON (Reuters) - Es probable que Volkswagen (XETRA:VOWG) tenga que demostrar que había razones legítimas para instalar el software que permitió falsear los test de emisiones de sus vehículos si quiere esquivar la acción de la justicia penal estadounidense, dijo un equipo de abogados.
El fabricante alemán reconoció que usó reguladores de limpieza de aire en algunos de sus modelos diésel que tenían instalado un "dispositivo de desactivación", diseñado para manipular las mediciones sobre emisiones.
Por ello, la compañía podría enfrentarse a grandes multas civiles por parte del Gobierno estadounidense, dijeron abogados expertos en procesos medioambientales, aunque no involucrados en el caso Volkswagen.
La investigación penal, confirmada el martes por una fuente conocedora del asunto, busca no sólo detectar posibles violaciones de la ley estadounidense "Ley de Aire Limpio", sino también ampliar la legislación contra el fraude, las falsas declaraciones a los reguladores y otros delitos, explicaron los abogados.
Los empleados también estarían expuestos a ser investigados de manera individual y deber hacer frente a acusaciones penales si se descubre que cometieron un delito, añadieron los especialistas.
El portavoz del Departamento de Justicia estadounidense rechazó hacer declaraciones sobre el asunto. Por su parte, un representante de Volkswagen no respondió a las preguntas sobre cuál será la estrategia legal a seguir por la firma alemana.
La falsificación deliberada de los resultados sobre emisiones tóxicas podría ser vista por la Justicia de EEUU como un fraude múltiple contra los consumidores, los reguladores y los distribuidores, explicaron los juristas.
Sin embargo, se espera que haya un debate entre el Departamento de Justicia y el equipo jurídico de Volkswagen para esclarecer las razones por las que la compañía y sus empleados decidieron instalar este software. Generalmente, la justicia estadounidense debe encontrar hechos que evidencien un intento manifiesto de cometer un delito – tales como correos electrónicos incriminatorios o informaciones procedentes de testigos cooperantes – antes de que puedan cambiar los hechos.
La instalación de los dispositivos no evidencia necesariamente una mala conducta intencionada, aclaró Bruce Pasfield, un exfiscal medioambiental del país americano.
Los fabricantes de automóviles en ocasiones instalan este tipo de dispositivos para permitir que los vehículos puedan ser probados bajo estándares diferentes que son requeridos por reguladores extranjeros, explicó Pasfield, que actualmente trabaja para la firma Alston & Bird. "No puedes llegar a la conclusión de que ha sido intencionalmente delictivo", sentenció.
La investigación a Volkswagen podría ser uno de los primeros casos en los que el Departamento de Justicia decida aplicar las nuevas directrices que endurecen las sentencias sobre este tipo de asuntos e incrementan el número de enjuiciamientos a ejecutivos de empresas.
David Uhlman, antiguo jefe de la sección de delitos medioambientales del Departamento de Justicia, dijo que las acusaciones penales serán prácticamente inevitables si las alegaciones contra Volkswagen resultan ciertas, pero añadió que la compañía todavía puede encontrar una línea de defensa.
"Si el software se instaló con otra finalidad, Volkswagen no podría exculparse de cualquier acción civil, pero sí podría hacerlo en el ámbito penal", expuso Uhlman, actualmente profesor de Derecho en la Universidad de Michigan.
Todavía no está claro si Volkswagen invocará ese tipo de defensa. Tampoco se puede deducir aún quién la representará. El bufete de abogados Kirkland & Ellis, que recibió una copia de la carta que envió la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU al fabricante de automóviles, rechazó hacer declaraciones.
Volkswagen es el tercer gran fabricante de vehículos que se enfrenta a una investigación penal en Estados Unidos en los últimos años. En 2014, Toyota Motor (TOKYO:7203) accedió a pagar 1.200 millones de dólares en una multa por ocultar un problema en sus vehículos que los hacía acelerar de forma repentina.
General Motors (NYSE:GM) ha tenido que pagar 900 millones de dólares por ocultar, tanto a los reguladores como al público general, un defecto en el encendido de algunos de sus motores.
Tanto General Motors como Toyota firmaron un compromiso conocido como "acuerdo de suspensión de actuaciones judiciales" que los pone en libertad provisional y les permite cumplir más adelante con las penas impuestas.
Será previsiblemente difícil que Volkswagen pueda negociar un tratamiento similar, dependiendo de la oficina que se encargue de la investigación, según Uhlman. Históricamente, la sección de delitos medioambientales ha instado a las compañías tanto a declararse culpables como a defenderse en un juicio, concluyó.
La Fiscalía se ha mostrado favorable a emprender acciones penales contra ejecutivos de la compañía de forma individual, informaron abogados expertos. Este mes, la fiscal general estadounidense, Sally Quillian Yates, anunció que con la nueva doctrina de Justicia las empresas encausadas no volverán a recibir trato de favor por ayudar durante el proceso de instrucción para descubrir mala praxis, salvo que se declaren responsables de la misma.
Al amparo de la nueva doctrina "será complicado ver que los acusados no hayan podido examinar detenidamente a qué penas individuales se enfrentarán si son declarados culpables" dijo David Buente, exfiscal de delitos medioambientales que en la actualidad trabaja para el bufete Sidley Austin.
"Una de las preguntas clave para los juristas será conocer hasta qué escalafón de la compañía ha llegado este asunto", concluyó Buente.