MADRID (Reuters) - El Congreso de los Diputados remitió el jueves al Senado la ley de reforma del Tribunal Constitucional, una iniciativa planteada por el Partido Popular con toda la oposición en contra para frenar el "desafío" independentista en Cataluña.
La ley, que se aprobó en la cámara baja con la mayoría absoluta del PP y entrará en vigor antes del fin de la legislatura el mes próximo, dará al tribunal la capacidad para sancionar y suspender a las autoridades que incumplan sus sentencias, una medida que en palabras del PP pretende frenar "el lento golpe de Estado" que se está dando en Cataluña.
"(Queremos) asegurar que las resoluciones del Tribunal Constitucional sean ejecutivas, se apliquen, algo que parece bastante evidente", dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en los pasillos del Congreso.
"Nadie puede estar al margen del cumplimiento de la legalidad", añadió.
La medida, que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado que recurrirá ante el propio Constitucional, ha contado con la oposición de toda la cámara, especialmente de los grupos catalanes que consideran que agravará el conflicto político en Cataluña.
"Es una propuesta-persona, orientada a intentar liquidar políticamente y personalmente al presidente (Artur) Mas", dijo el diputado de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Carles Campuzano ante el pleno.
El presidente catalán desafió al Gobierno español al plantear el domingo pasado unas elecciones autonómicas a modo de plebiscito sobre la independencia de Cataluña, en las que ganaron las opciones soberanistas en escaños pero no en votos.
"La cuestión no es el presidente Mas, la cuestión es cerca de 2 millones de personas que se han autodeterminado", añadió en referencia al 1,95 millones de catalanes que votaron el domingo opciones independentistas para el Parlament.
Mas fue imputado esta semana por convocar una consulta participativa en noviembre pasado, una decisión que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña defendió como independiente después de que desde distintos ámbitos se acusara al Gobierno español de presionar a la Justicia.
"Intentar deslegitimar por conveniencias políticas o partidistas al poder judicial y a los magistrados que lo integran con el propósito de condicionar a censurar sus decisiones no es propio de países que se consideran democráticamente avanzados", dijo el TSJC en una nota el jueves.
La norma, que podrá sancionar hasta con 30.000 euros a los funcionarios, es una de las herramientas que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy frente a la hoja de ruta soberanista que pretende alumbrar una Cataluña independiente en 18 meses.
Durante el debate, los partidos de la oposición reclamaron diálogo al Ejecutivo central, algo a lo que Rajoy se ha mostrado dispuesto pero dentro del concepto de la indisoluble unidad de España.
"Preferimos una democracia segura de sí misma, con instituciones fuertes que puedan estar a la altura de los desafíos y no una democracia acomplejada y débil", dijo el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna en el pleno.