MADRID (Reuters) - El Tribunal Constitucional dijo el martes que anula la ley que permitía la atención sanitaria gratuita a los inmigrantes indocumentados en Valencia, al considerar que la medida es contraria a la normativa estatal que acabó con la universalidad de la atención en 2012.
El fallo judicial, que contó con los votos particulares de cinco de los doce magistrados del pleno, deja sin efecto el decreto ley del Gobierno regional socialista, que poco después de llegar al poder en 2015 devolvió a los inmigrantes irregulares el derecho a ser atendidos en la sanidad pública gratis.
Pese a que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en este área, el fallo recoge que la medida de las autoridades regionales "amplía la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal".
En plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy limitó el acceso de los inmigrantes indocumentados a la sanidad gratuita dentro de unas medidas de ajuste rechazadas por el PSOE y Compromís, que alcanzaron un acuerdo de gobierno en Valencia.
Ese pacto puso fin a a más de dos décadas de gobiernos conservadores en la región, y poco después de su investidura el presidente Ximo Puig aprobó un decreto ley con el que quiso distanciarse de los recortes del Ejecutivo central para atajar el déficit público.
Pese al revés judicial, Puig afirmó el martes que la Generalitat valenciana iba a buscar los cauces para que se siga prestando atención sanitaria gratuita a los sin papeles, que según el Gobierno valenciano son más de 21.000 personas.
"Cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunitat Valenciana, tenga el color de piel que tenga o sea de la condición social que sea, va a ser atendida, y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria", dijo el presidente valenciano en su cuenta de Twitter.
"El Gobierno de España está utilizando la vía judicial para defender posicionamientos políticos injustificables", añadió Puig.
Además de la Comunidad Valenciana, otras regiones españolas se opusieron en su momento a la ley estatal y acordaron mantener la cobertura a los indocumentados, entre ellas el País Vasco, Baleares, Cataluña o Aragón.