MADRID (Reuters) - El Gobierno anunció el viernes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de acción exterior por considerar que vulnera competencias exclusivas del Ejecutivo central, en el último capítulo de las discrepancias entre ambos gobiernos.
La llamada ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, aprobada en noviembre del año pasado en el Parlamento catalán, tiene entre sus objetivos posicionar a Cataluña "como actor internacional activo" en materias que son competencia de la Generalitat o de interés para esa comunidad, según su redacción.
"Lo que hace la ley es considerar a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español, y eso vulnera la Constitución", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Según la vicepresidenta, la ley vulnera el artículo 149.1 de la Constitución española, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, y el artículo 97, que sostiene que dirigir la política exterior corresponde al Gobierno central.
El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, había calificado la ley como "pionera" por simbolizar el compromiso de Cataluña "con su internacionalización y con la UE", pero el Gobierno central sostuvo que la región no tiene capacidad para ello al no ser un Estado.
"(La ley) busca desarrollar una diplomacia pública de Cataluña. Como Cataluña no es un Estado, no es un sujeto de derecho internacional y no tiene capacidad para establecer esas relaciones diplomáticas", sostuvo Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta destacó que un informe del Consejo de Estado se había mostrado favorable a la impugnación ante el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, el Gobierno anunció que también recurrirá dos decretos aprobados en febrero, para la apertura de dos delegaciones catalanas en Italia y Australia.
Esta iniciativa se produce una semana después de que el alto tribunal declarara nula la consulta de autodeterminación que el Gobierno catalán celebró en noviembre de 2014 ante el auge del sentimiento independentista en la región.
Casi cuatro meses después de celebrarse la votación, el Constitucional dio la razón al Ejecutivo central, que recurrió la convocatoria al considerarla ilegal y contraria a la Constitución española.
Esta es la última discrepancia que surge entre el Gobierno central y el de la Generalitat, cuyo presidente, Artur Mas, ha adelantado las elecciones autonómicas previstas para 2016 al próximo 27 de septiembre, con el objetivo, dijo, de ver si existe una mayoría social para seguir adelante con el proceso de independencia.