MADRID (Reuters) - El juez de Palma José Castro, instructor de una de las macrocausas contra la corrupción en España, el caso Palma Arena, no podrá continuar en su juzgado como magistrado emérito y deberá jubilarse el próximo diciembre, informó el miércoles el órgano de gobierno de los jueces.
Castro, que cumplirá 70 años en diciembre, había solicitado el mes pasado su nombramiento como magistrado emérito para poder seguir al frente de uno de los procesos judiciales más mediáticos de España, por una de cuyas piezas separadas sentará en el banquillo a una de las hermanas del rey de España.
La investigación del Palma Arena, que comenzó hace casi siete años, aún tiene pendientes 20 piezas separadas, cuya instrucción será imposible de terminar por Castro en el plazo que resta hasta diciembre.
La petición del juez no se adecua a la ley, según explicó a Reuters un portavoz del Consejo General del Poder Judicial, ya que Castro había solicitado continuar ejerciendo como magistrado emérito en su mismo juzgado.
Los jueces en España tienen la opción de ejercer hasta los 70 años, momento en que dejan de pertenecer a la carrera judicial.
La ley orgánica del Poder Judicial contempla después la figura de magistrado emérito, pero sólo para actuar como suplentes en tribunales compuestos por varios jueces, como el Supremo, la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.
El informe del CGPJ confirmó lo que ya expuso anteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Contra esta decisión cabe posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo en un plazo de dos meses.
El caso Palma Arena es uno de los más importantes en el que se han visto implicados políticos del Partido Popular por supuesta corrupción, un tema que se ha convertido en la segunda preocupación para los españoles, según los sondeos.
De su instrucción se han derivado un total de 28 piezas separadas, una de las cuales es el caso Nóos, por el que tras cuatro años de investigación el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma llevará a juicio a Cristina de Borbón como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública.
El caso surgió para investigar el sobrecoste del velódromo Palma Arena, en cuya construcción se habría producido un desfalco millonario al pasar su coste de 48 a 110 millones de euros, y se amplió después para investigar la presunta gestión corrupta y enriquecimiento personal del expresidente balear Jaume Matas.