MADRID, 20 may (Reuters) - La frágil coalición de izquierda que gobierna en España pide este miércoles en la cámara baja del Parlamento la quinta prórroga del estado de alarma, en un momento en el que el país sigue relajando el confinamiento mientras contiene la pandemia de coronavirus y se redoblan las protestas en algunos sectores de la población por la gestión de la crisis.
Aunque los nuevos casos de COVID-19 mantienen la tónica descendente y los fallecidos diarios están ya por debajo del centenar, el Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez quiere mantener durante al menos quince días más, hasta el 7 de junio, los poderes especiales que otorga el estado de alarma en materia de movilidad para garantizar el éxito de la desescalada.
Como en prórrogas anteriores, la aprobación del Congreso de los Diputados se sustentará en el apoyo de otros partidos, entre los que volverá a estar incluido Ciudadanos, de centroderecha.
El conservador Pablo Casado, líder del Partido Popular, principal partido de la oposición, acusó a Sánchez de ir demasiado lejos con el confinamiento, uno de los más estrictos de Europa.
"Su plan ha sido un fracaso", dijo Casado, añadiendo que lo que llamó una "brutal reclusión" de los españoles podría evitar los contagios pero no podía perpetuarse de forma ilimitada. "Su problema no son las caceroladas... su problema es la ruina de sus políticas".
Según las peores previsiones del Banco de España, la economía doméstica, muy dependiente del turismo y los servicios, podría despeñarse hasta un 12,4% este año.
CACEROLADAS Y MASCARILLAS
Desde la semana pasada, grupos de varios centenares de personas se manifiestan diariamente a las 9 p.m, en ocasiones infringiendo las normas de distanciamiento social, golpeando cacerolas con utensilios de cocina y pidiendo la dimisión del Gobierno.
Estas reuniones comenzaron en el adinerado y conservador Barrio de Salamanca en Madrid y se han ido extendiendo a otras zonas de la capital e incluso a otras ciudades.
El país se encuentra en un proceso gradual de salida del confinamiento, aunque todavía obliga a los viajeros a someterse a autoaislamiento y acaba de decretar el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos a partir de los seis años, así como en la vía pública siempre que no sea posible mantener una separación de más de dos metros.
El Ministerio de Sanidad dijo que estas medidas, que se aplicarán desde el jueves, son necesarias para contener la propagación del coronavirus.
"Me parece que hay que llevarla, no que el Gobierno acierte o no", dice Teresa, una ama de casa que desaprueba la gestión del Ejecutivo, detrás de una mascarilla quirúrgica en el centro de Madrid.
Pablo Simón, profesor de ciencias políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, cree que las protestas eran inevitables en varias países porque la crisis de la COVID-19 no tiene precedentes, aunque en el caso de España está agrietando todavía más la fragilidad política previa.
Sánchez logró formar el Gobierno de coalición en enero después de arduas negociaciones en un país que ha ido a las urnas cuatro veces en cuatro años.
"La diferencia entre España y otros países de Europa es que el nivel de polarización ya era muy elevado antes de la crisis ... y el coronavirus lo está exacerbando", dijo.
El riesgo está, según este experto, en que las críticas legítimas se vean eclipsadas. "Si el debate es sobre si Gobierno está dando un golpe de Estado o no, no hay espacio para plantear preguntas sobre cosas concretas como el uso de mascarillas", dijo.
El Ministerio de Sanidad dijo que estas medidas, que se aplicarán desde el jueves, son necesarias para contener la propagación del coronavirus.
No están incluidos en la norma las "actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas", como los bares y terrazas, así como situaciones de fuerza mayor.
El uso de mascarillas ya era preceptivo en el transporte público.
(Información de Inti Landauro; editado por Andrew Heavens; editado en español por Jose Elías Rodríguez y Tomás Cobos)