MADRID (Reuters) - La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, se defendió el viernes ante la Justicia, que la investiga por desobediencia tras haber permitido en julio una votación sobre la hoja de ruta institucional para la independencia de la región.
Varios cargos del Gobierno catalán, incluido el president Carles Puigdemont, acompañaron a Forcadell en su multitudinaria llegada andando al Palacio de Justicia de Cataluña en medio de banderas catalanas y tras un cartel en el que se leía "democracia".
"He dejado claro que ningún tribunal puede impedir que el Parlament debata sobre la independencia", dijo Forcadell a la prensa tras declarar durante media hora ante el tribunal.
La votación, por la que está acusada también de prevaricar al desobedecer una decisión del Tribunal Constitucional, aprobó con los votos mayoritarios de Junts Pel Sí y la CUP el calendario que esperan que culmine en un referéndum vinculante sobre la independencia en 2017.
Dentro de su idea de que la cámara regional aborde los debates que están en la calle, Forcadell dijo que volvería a actuar igual puesto que en ningún país "realmente democrático" se puede "perseguir por la vía penal el debate de ideas".
"Inhabilitarme sería un ataque tan grande a la democracia que sería inconcebible", dijo al ser preguntada por una posible condena.
Este frente judicial es uno de los que enfrenta a las instituciones españolas y catalanas, en medio de un clima de tensión ante las demandas independentistas de parte de la sociedad catalana y la falta de diálogo entre el Gobierno central y el regional.
Esta misma semana y a petición del Gobierno central, el Constitucional suspendió cautelarmente las resoluciones del Parlament que promueven una consulta a los catalanes sobre su relación con España, algo que según los sondeos quiere cerca de un 48 por ciento de la población.
El auge soberanista ha llevado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a reforzar la presencia de su equipo en Cataluña, en un intento de estrechar lazos con una región que representa una cuarta parte de la economía española y que siente que aporta a España más de lo que recibe a cambio.
Pese a ello, Rajoy ha dejado claro que no permitirá que se consulte a los catalanes sobre su relación con España, argumentando que ello iría contra la indivisibilidad del Estado que recoge la Constitución española.
El Gobierno español defendió el viernes la independencia de la Justicia y pidió a la presidenta de la cámara catalana que respete las decisiones judiciales aunque no las comparta.
"En España no hay impunidad, todos estamos sometidos al imperio de la justicia, nadie puede tener impunidad, menos los q desempeñamos una función pública", dijo el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 2016-12-16T133023Z_1_LYNXMPECBF10L_RTROPTP_1_SPAIN-CATALONIA.JPG