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Madrid, 3 jul (.).- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto por el que se desarrolla la ley de 2015 con la que se reformó la formación para trabajadores y parados y que regula, entre otros aspectos, el cheque formación para desempleados para que las comunidades autónomas puedan ponerlo en marcha.
La aprobación de esta normativa ha despertado las críticas de patronal y sindicatos que han acusado al Gobierno de no respetar el diálogo social y culminar esta reforma de forma unilateral sin esperar a sus aportaciones.
La CEOE ha añadido además que, una vez publicado el real decreto en el BOE, "estudiará el alcance e impacto" y "valorará la adopción de las medidas que estime oportunas".
Desde el Gobierno han señalado que sí ha habido diálogo en todo este proceso -con siete reuniones sobre el tema además de las dos de la mesa de diálogo social sobre formación- y que desde que se remitió el texto de la normativa hace un mes a los agentes sociales no han mandado observaciones.
Empleo ha defendido además que este desarrollo normativo impulsa una formación profesional que mejora la empleabilidad de los parados, las capacidades de los trabajadores, y responde a las necesidades del sistema productivo, con una mejor gestión de los recursos públicos.
Con la reforma de la formación profesional, aprobada en 2015, el Gobierno buscó, entre otros objetivos, reforzar la transparencia en los cursos de formación. Los agentes sociales quedaron fuera de su gestión económica.
El real decreto aprobado hoy sirve para regular las distintas iniciativas y programas, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores, explica el Gobierno.
Asimismo, incorpora el desarrollo del nuevo sistema integrado de información con las actividades formativas desarrolladas en todo el territorio nacional, "que permitan su trazabilidad, y que desemboca en la 'cuenta de formación' regulada en la Ley de Empleo".
En el tema del cheque de formación, establece los requisitos y condiciones que deberán cumplir los trabajadores desempleados para acceder a él.
También prevé que la Comisión Estatal de Formación para el Empleo asuma nuevamente las funciones del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en estas materias.
Empleo también recuerda que los gastos derivados de esta real decreto serán financiados por las Administraciones Públicas competentes en su gestión, a través de sus respectivos presupuestos.
En el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el año 2017 se prevén 1.086 millones para iniciativas de formación dirigidas a trabajadores ocupados, y 897 millones para la formación de desempleados.