MADRID (Reuters) - El Gobierno catalán presentó el domingo los detalles del dispositivo con el que pretende celebrar una consulta soberanista el 9 de noviembre, el mismo día que el Ejecutivo central ponía en marcha la maquinaria para paralizar un referéndum que considera ilegal.
Un día después de que el presidente catalán, Artur Mas, rubricara el decreto de convocatoria de la consulta no vinculante sobre la autodeterminación, la Generalitat convocó a 5,4 millones de catalanes a las 10.800 urnas que pretende disponer para que ejerzan su voto.
"Este es un proceso democrático, legítimo y legal que está presidido por una actitud y por una garantía de transparencia", dijo la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, en una comparecencia para presentar el dispositivo.
Ortega cifró el presupuesto dispuesto en algo más de 8,8 millones de euros para una consulta a la que están llamados a votar también unos 2.500 catalanes residentes en el extranjero y extranjeros con entre uno y tres años de residencia en Cataluña que soliciten participar en la votación.
El Gobierno central, por su parte, estaba a la espera de que el Consejo de Estado, principal órgano consultivo del Ejecutivo, apruebe el domingo un dictamen sobre los dos recursos que pretende presentar ante el Tribunal Constitucional.
Está previsto que el lunes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presida un consejo de ministros extraordinario tras el cual se presenten los recursos ante el alto tribunal, uno contra la ley de consultas aprobada la semana pasada en el Parlamento catalán y otro contra la convocatoria del referéndum.
Una vez presentados los recursos, el Constitucional suspendería la ley invalidando así la convocatoria, impulsada por el Gobierno catalán tras el aumento del sentimiento independentista en la región en los últimos años.
"UN PASO MÁS ALLÁ"
Desde la medianoche del domingo, la Generalitat de Cataluña activó la página web oficial del 9-N 2014 (http://www.9nconsulta2014.cat/), desde la cual puede descargarse la papeleta para la consulta en formato PDF en la que se pide responder sí o no a las preguntas: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y "En caso afirmativo ¿quiere que este Estado sea independiente?".
El Ejecutivo central considera que el referéndum es ilegal porque va contra la Constitución española, que establece que una convocatoria así sólo la puede hacer el Gobierno central y en todo el territorio español.
"Nosotros estamos abiertos al diálogo siempre. Nos hubiera gustado hacer la consulta de acuerdo con la legalidad española (...) pero la vamos a tener que hacer de acuerdo con la legalidad catalana", dijo la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carmen Forcadell, en declaraciones a la emisora RNE.
Desde el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, su secretario general Pedro Sánchez pidió al Gobierno plantearse una reforma constitucional para definir "un nuevo marco de convivencia social y territorial".
"La ley no basta. Tenemos que ir un paso más allá. Gobernar no significa solemnizar lo obvio. Hay una crisis política que hay que resolver con soluciones políticas", dijo Sánchez en declaraciones a periodistas.
Por tercer año consecutivo e impulsados en esta ocasión por una consulta similar en Escocia, los catalanes mostraron en las calles su deseo de opinar sobre la relación de 300 años con España con una concentración multitudinaria el 11 de septiembre.
El dirigente catalán no ha dicho qué hará si, como es previsible, Madrid bloquea la votación.
Aunque Mas está bajo una fuerte presión de los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para que desafíe a Madrid y siga adelante con el referéndum, los analistas políticos dicen que es poco probable que siga esa vía ya que podría perder su credibilidad a nivel internacional.
Una de las vías por las que podría optar Mas es la convocatoria de unas elecciones anticipadas a modo de plebiscito, en las que, según los sondeos, saldrían beneficiados las formaciones proindependencia.