Por Inmaculada Sanz
MADRID (Reuters) - La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó el miércoles nueve años de inhabilitación para cargo público para el exconsejero de presidencia catalán Francesc Homs por permitir una consulta independentista en Cataluña en noviembre de 2014.
Homs, hoy diputado en el Congreso, está acusado de prevaricación administrativa y desobediencia grave por incumplir la decisión del Tribunal Constitucional, que prohibió el referéndum a instancias del Gobierno español.
"El acusado no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones (..), impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, (..) y, en definitiva, potenció tras haber conocido la Providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado 'proceso participativo'", dijo la fiscalía en una nota de prensa.
En caso de que el Tribunal opte por castigar los delitos por separado, el fiscal pide que se le impongan 7 años y 6 meses de inhabilitación por el delito de prevaricación y, por el de desobediencia, una multa de 200 euros diarios durante cinco meses (30.000 euros) e inhabilitación especial por un año y un mes.
La solicitud de pena para Homs es un año inferior a la pedida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para el expresidente catalán Artur Mas por la misma consulta, en la que participaron cerca de dos millones de los 7,5 millones de catalanes el 9 de noviembre de 2014.
La judicialización de un asunto que la Generalitat considera político no ha hecho más que avivar el enfrentamiento entre las autoridades españolas y catalanas por una consulta que la Generalitat quiere volver a celebrar, esta vez con carácter vinculante, antes de septiembre de este año.
El vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, insistió el martes a la número dos del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, en que no tienen previsto renunciar a un referéndum en la región, donde el deseo de independencia ha caído en los últimos meses, según los sondeos.
Pese a la insistencia de la Generalitat, el Gobierno de Mariano Rajoy ha rechazado frontalmente la celebración de una consulta que quieren la mayoría de los catalanes pero que Rajoy rechaza amparándose en la unidad indivisible que recoge la Constitución.