MADRID, 17 nov (Reuters) - La coalición de izquierdas que gobierna España se lanzó el miércoles al asalto de las antiguas barreras legales para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975) y la anterior guerra civil.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente Pedro Sánchez, y su aliado, Unidas Podemos, propusieron enmiendas al llamado proyecto de ley de Memoria Democrática en trámite parlamentario que plantean que, en virtud del derecho internacional, las amnistías no se apliquen a los crímenes contra la humanidad.
En un esfuerzo por facilitar la transición a la democracia tras la muerte de Franco, España aprobó en 1977 una ley de amnistía que perdonaba los crímenes políticos cometidos durante el conflicto y la dictadura en un acuerdo conocido como el "Pacto del Olvido".
Esto ha impedido que España aborde su oscuro pasado, a diferencia de países como Sudáfrica, que afrontó los horrores del apartheid mediante audiencias de testigos y de reconciliación.
Si se aprueba con las enmiendas, el proyecto de ley de Memoria Democrática, diseñado para tratar el legado de Franco y financiar la exhumación de miles de víctimas enterradas en fosas comunes, allanaría el camino para que los fiscales investigaran los crímenes de guerra, el genocidio y la tortura.
El partido separatista de izquierdas de Cataluña, ERC, cuyo apoyo necesita el Gobierno para aprobar la legislación, incluidos los presupuestos del próximo año —cuya votación final está prevista para el mes que viene—, había estado presionando para ampliar el alcance del proyecto de ley de memoria democrática, y las enmiendas propuestas abordan muchas de sus demandas.
Pese al Pacto del Olvido, España fue pionera en el uso del concepto por el que crímenes como el genocidio y la tortura son tan graves que pueden ser perseguidos más allá de las fronteras, lo que acabó animando a otros países como Argentina o Chile a investigar sus propios crímenes.
El antiguo juez del Tribunal Superior de Justicia Baltasar Garzón intentó investigar en 2008 más de 110.000 desapariciones de la época franquista, pero sus esfuerzos acabaron con él sentado en el banquillo, acusado de excederse en su mandato como juez instructor. Fue absuelto en 2018.
Más de medio millón de personas murieron durante la guerra civil de 1936-39 y se estima que 150.000 fueron asesinadas posteriormente en la represión del Gobierno de Franco, según estiman los historiadores.
Para Agustina Recio, de 91 años, que el miércoles presenció la exhumación de una fosa común en Toledo en la que probablemente fue enterrado su padre tras ser fusilado por las fuerzas franquistas en 1936, el mero hecho de encontrar sus restos le proporcionaba una gran satisfacción.
Sus cuatro hermanos habían muerto sin poder dar a su padre un entierro adecuado.
"Ahora por lo menos voy a morir con la alegría de que mi padre estará con mi madre y mi hija, que también está muerta", dijo.
(Reporte de Emma Pinedo, Belén Carreno, Nathan Allen y Juan Medina, edición de Andrei Khalip y Angus MacSwan; Traducción de Flora Gómez)