MADRID (Reuters) - El expresidente de la Junta de Andalucía y diputado socialista Manuel Chaves ha dicho que no se presentará a las próximas elecciones generales, un anuncio que podría facilitar la investidura de Susana Díaz como presidenta de la región.
Chaves, que la semana pasada declaró ante el Tribunal Supremo como imputado en el caso que investiga el presunto fraude de los ERE en Andalucía, aseguró que no ha recibido presiones de su partido para abandonar la política.
"Quiero confirmar (...) que en las próximas elecciones no pretendo repetir y por lo tanto no voy a continuar como diputado en el Congreso de los Diputados", dijo Chaves en una entrevista con la Cadena Ser el viernes por la noche.
"Nadie del partido, de la dirección nacional o de la dirección regional a mí me ha forzado, me ha presionado, ni siquiera he tenido ninguna indicación al respecto. Mi decisión es una decisión absoluta y puramente personal", agregó Chaves, que fue presidente socialista de la Junta entre 1990 y 2009.
Las imputaciones de Chaves y de su sucesor como presidente andaluz y actual senador José Antonio Griñán en uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en España en la última década han condicionado la investidura de Díaz, que ganó las elecciones en la región el pasado marzo.
Las formaciones Podemos y Ciudadanos, que irrumpieron en Andalucía con 15 y 9 escaños, respectivamente, habían puesto como condición para apoyar la investidura de Díaz que esta exigiera las dimisiones de Chaves y Griñán, considerados sus padrinos políticos.
Varios medios han informado en los últimos días de que Griñán abandonará la política y renunciará a su escaño en el Senado, aunque por el momento no ha habido una comunicación oficial.
En su declaración ante el Supremo, Chaves aseguró que su Gobierno nunca tomó una decisión ilegal relacionada con el presunto fraude de los ERE. Griñán, que declaró una semana antes ante el alto tribunal, dijo que no tuvo conocimiento de ninguna irregularidad en la gestión de unas ayudas a través de las cuales se malversaron presuntamente 136 millones de euros entre 2000 y 2012.
Griñán dimitió como presidente andaluz en agosto de 2013, dejando el cargo en manos de Díaz, que ha asegurado que si el alto tribunal mantenía las imputaciones exigiría la dimisión de los exdirigentes socialistas.