Bruselas, 17 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) dio hoy su pleno respaldo a España en el caso de la expropiación a Repsol de la petrolera YPF, aunque actualmente carece de una base jurídica sobre la que tomar posibles medidas contra Argentina.
El apoyo a España ante el anuncio ayer de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de expropiar el 51 % de las acciones de YPF que están en posesión de Repsol, ha sido contundente a lo largo del día desde la cúpula de la UE.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, se declaró hoy "gravemente decepcionado" por la decisión del Gobierno argentino, después de haber expresado por carta a Buenos Aires su preocupación y haber instado a lograr una solución negociada.
Poco después, la portavoz comunitaria Pia Ahrenkilde indicó en una rueda de prensa que la nacionalización de YPF sería "ilegal" si no se establecen las compensaciones adecuadas, y anunció que la CE ha decidido suspender una reunión de altos funcionarios comunitarios y argentinos que estaba programada para los próximos días 19 y 20 en Buenos Aires.
Se trataba del X Comité Conjunto UE-Argentina, que se celebra periódicamente en el marco del acuerdo de cooperación económica y comercial que firmaron en 1990.
"Planeamos en un primer momento abordar el asunto (de YPF en la reunión), pero tras la decisión de ayer (del Gobierno argentino) decidimos posponer la reunión", indicaron a Efe fuentes europeas.
Ahrenkilde también anunció que el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, está preparando una nueva misiva para el ministro argentino encargado de Comercio, en la que insistirá en las preocupaciones europeas.
Por la tarde, la alta representante de la UE, Catherine Ashton, recalcó durante su participación en el pleno del Parlamento Europeo que se celebra esta semana en Estrasburgo (Francia) el "pleno apoyo" comunitario a las autoridades españolas en este caso, y aseguró que el Servicio Europeo de Acción Exterior está analizando "todas las posibles opciones" para responder a esta medida de Buenos Aires.
Anunció, asimismo, que el asunto será abordado el próximo lunes en Luxemburgo en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE.
Además, a petición del Partido Popular Europeo, la expropiación de YPF será debatida mañana en el pleno de la Eurocámara, y se espera que el viernes los eurodiputados adopten una resolución.
A pesar del sólido apoyo político que las instituciones europeas están dando a España, expertos en Comercio de la Comisión Europea admitieron hoy que, actualmente, no cuentan con una base jurídica para actuar frente a Argentina.
El Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 2009, otorgó a la UE competencias sobre las inversiones directas de los Estados miembros en países terceros, por lo que el Ejecutivo comunitario se ve legitimado para intervenir en el asunto de YPF, sobre todo después de que se lo haya solicitado España.
Sin embargo, la UE todavía está desarrollando la legislación que le permitiría proteger a nivel comunitario los cerca de 1.200 tratados bilaterales de inversión que los Veintisiete tienen suscritos en el exterior.
La Comisión espera que esa normativa, propuesta en julio de 2010, sea aprobada antes del verano, una vez llegue a un acuerdo con el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, aunque advierte de que su aplicación será progresiva.
Por lo que respecta a la posibilidad de que la UE recurra a la Organización Mundial del Comercio (OMC), las fuentes comunitarias recordaron que las normas de ese organismo no cubren asuntos de protección de las inversiones y, que tampoco existen compromisos de Argentina en Ginebra en ese sentido.
Así, por el momento, la UE carece de base legal con la que enfrentarse a Argentina, de manera que el único documento jurídico al que las partes pueden recurrir es al propio tratado de protección de las inversiones bilaterales concluido entre España y Argentina, señalaron las fuentes.
Este acuerdo garantiza a los inversores un tratamiento justo, equitativo y no discriminatorio, la protección ante expropiaciones ilegales y la posibilidad de recurrir de forma directa al arbitraje internacional.
En cualquier caso, insistieron en que la falta de base legal "no nos impide hablar en nombre de la UE" y poner en marcha "acciones diplomáticas".
Avisaron, también, de que España no puede tomar represalias comerciales como respuesta a Argentina que no estén justificadas según las normas de la OMC y planteadas ante su órgano de solución de disputas, y teniendo en cuenta que ese tipo de restricciones violaría la libre circulación de bienes en la UE. EFE
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