El default y posterior reestructuración de la deuda Argentina, hecha en distintos tramos, fue un proceso ineficiente, largo y costoso que contaminó toda nuestra economía pero que afortunadamente estaría próximo a concluir.
En el ámbito internacional no existe un sistema para reestructurar deudas soberanas por medio del cual, el acuerdo al que arribe el deudor con una mayoría de sus acreedores, se le pueda imponer a los acreedores holdouts como sí existe para las empresas en la mayoría de los países.
Por ello, para reestructurar deudas soberanas, habitualmente se realiza un canje de los bonos defaulteados por unos nuevos y para resolver el problema holdout se utilizan distintos incentivos económicos y legales.
Entre estos últimos se encuentra el “Piso de Adhesiones” (se condiciona el canje a que se obtengan, por ejemplo, adhesiones de mas del 95 % de capital y se hace reserva de acordar libremente con los holdouts) y las “Salidas Consentidas” (con ciertas mayorías se enmiendan los bonos defaulteados suprimiendo obligaciones del deudor y cláusulas que protegen a los acreedores y luego se los canjea por bonos nuevos. Dado que en este caso los holdouts se quedarían con un título enmendado y depreciado, esto incentiva su ingreso al canje).
En el año 2004 la deuda pública Argentina equivalía a u$s 181.200 millones (113,1% del PBI) de la cual el monto a reestructurar en bonos defaulteados ascendía a u$s 81.800 millones.
En la primera oferta del año 2005, el gobierno de Néstor Kirchner ofreció canjear los bonos defaulteados por Títulos Par, Cuasipar y Discount los que per se tenían una quita del 70-75 %. Para que los acreedores ingresaran al canje, se ofrecieron como incentivos un pago en efectivo de manera inmediata y la capitalización de intereses, el CER, la posibilidad de recomprar los títulos a emitir y los Títulos vinculados al PIB. Estos últimos, según cálculos efectuados por distintos economistas, llevaron la quita total a un rango de entre el 36 % y el 15 %.
También se intentó hacer ver que quien no ingresara al canje, con posterioridad no podría obtener un acuerdo mejor que el propuesto y para ello se utilizaron como incentivos legales: la inmunidad soberana, el no pago a futuro, la Ley Cerrojo y la cláusula RUFO (muy costosa para nuestro país ya que prácticamente lo obligaba a permanecer en default por 10 años).
El gobierno de Néstor Kirchner no aplicó Salidas Consentidas ni un Piso de Adhesiones lo cual implicó hacer un canje parcial. Cabe recordar que en el año 2005 se llevaron a cabo elecciones legislativas y era políticamente “conveniente” hacer ver que el canje había sido “exitoso” pese a que solo se obtuvo el 76,15 % de adhesiones equivalente a aproximadamente u$s 62.300 millones. Los holdouts (23,85 %) seguirían con sus juicios tal como lo hicieron.
En el 2010 se realizó otra oferta, similar a la del 2005, a la cual adhirieron otros u$s 12.862.131.137,91 y se llegó a un 92,4 % de adhesiones. Si bien se mitigó el problema holdout, el 7,6 % restante continuó con sus juicios.
Los canjes parciales hicieron que los costos del default, al persistir el problema holdout, se devengaran durante 14 largos años y contaminaran toda nuestra economía. Dichos costos son la dificultad o imposibilidad de obtener financiamiento y el aumento de la tasa de interés tanto para el país como para sus residentes, el financiamiento del Estado vía emisión monetaria e inflación, alta presión tributaria, la declinación del comercio internacional, la pérdida de empleo y la emigración de empleados calificados, el contagio del default a privados. También podemos sumar la imposibilidad de refinanciar la deuda canjeada a los holdins, ya que persistía el problema de los holdouts y no había acceso al mercado internacional.
Para evitar que dichos costos se siguieran devengando, el gobierno de Macri realizó dos ofertas a los holdouts: (i) la “Oferta Base” que prevé la cancelación de los bonos defaulteados mediante un pago en efectivo equivalente al monto de capital original adeudado más un 50% de dicho monto de capital original; y (ii) la “Oferta Pari Passu” que prevé la cancelación de los bonos defaulteados mediante un pago no superior al 70% del monto reconocido en la sentencia monetaria dictada a su favor con más los intereses judiciales devengados desde la fecha de la sentencia hasta el 31 de enero de 2016 y, de no haber sido todavía dictada un sentencia, un pago no superior al 70% del valor devengado del reclamo legal (que incluye la tasa de interés contractual y la tasa de interés estatutaria sobre la tasa de interés contractual hasta el 31 de enero de 2016, conforme las leyes del Estado de Nueva York).
Con los intereses devengados el actual Gobierno calculó la deuda con los holdouts en aproximadamente u$s 20.000 millones. Según el proyecto de ley de Pago Final, hasta el envío de la misma al Congreso, los principios de acuerdo alcanzados con los acreedores holdouts resultaban en un compromiso de pago total de U$S 7.553.000.000 e importaban una quita promedio acumulada de alrededor del 25% del valor total de los reclamos, mientras que la quita calculada sobre intereses superaría el 40%.
Se debe tener presente que, para realizar el pago en efectivo a los acreedores holdouts, nuestro país emitirá nueva deuda la cual debería ser consistente y sustentable con el resto de las políticas productivas, fiscales, monetarias, cambiarias y de empleo de nuestro país a futuro.
Después de 14 años en default lo más sensato sería cerrar esta etapa de nuestra historia y para evitar futuros nuevos defaults de nuestra deuda soberana, en el mediano plazo, habría que aplicar políticas de disciplina fiscal como las ya previstas en la Ley 25.152 de nuestro país – aún vigente - o la Ley 20.128 de Chile.