Luego de haberse confirmado el fallo contra Argentina en el mes de enero de este año a raíz de la denuncia realizada por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón contra el régimen de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) determinó que Argentina deberá cumplir con la normativa del comercio internacional regulada por el acuerdo.
El dictamen afirma que las DJAI son incompatibles con la obligación sustantiva establecida por el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, y que ese procedimiento no es "automático", en el sentido de que las autoridades pueden decidir retener la autorización para importar aunque se hayan cumplido todas las prescripciones formales, por lo que en la práctica actúa como una "restricción cuantitativa".
En consecuencia, trascendió estos días, el acuerdo entre la Argentina y sus denunciantes. El mismo consta en una carta firmada a comienzos de mes por el representante argentino ante la OMC, Jorge D'Alotto, y su par de la Unión Europea, el griego Angelos Pangratis, que se hizo pública esta semana.
Allí se explica que no sólo se acordó "un plazo prudencial" para que el país adecue sus normas, sino también la eliminación del mecanismo instaurado por el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que obligaba a las empresas que querían importar a exportar por cifras iguales.
El Secretario de Comercio, Augusto Costa mencionó en un reportaje publicado en el diario Ámbito que: "Lo que se terminó de ratificar, hace un par de meses, es el fallo que establece que Argentina básicamente lo que tiene que hacer es poner en conformidad con la normativa de la OMC a sus instrumentos de política comercial", en donde además sostuvo que se estaría llevando a cabo un proceso de negociación con los demandantes para adecuar las demandas.
Según publicó la CIRA, de acuerdo con la UE, se vieron afectadas exportaciones europeas por US 3.100 millones, a valores de 2011. "Una hipótesis no oficial (no prevista en la decisión de la OMC) da cuenta de que los denunciantes considerarían que han visto afectadas exportaciones por un 20 al 30% del total de lo exportado a Argentina", agregó Marcelo Elizondo, de la consultora DNI, en una nota de El Cronista.
Luego de todas las repercusiones suscitadas, cabe aclarar que la OMC no exige la eliminación del régimen DJAI, sino su adaptación a la normativa internacional regulada por el GATT, en tanto su actual funcionamiento carece de transparencia e implica una restricción a las importaciones. En concordancia a ello, sostuvo Costa que los cambios que implementarían para adecuar el sistema de las DJAI, girarían en torno a la presentación de información a importadores cuando una DJAI sea observada, también proporcionar canales de comunicación para hacer reclamos en caso de que la DJAI sea observada, refiriéndose a los tiempos de respuestas a esos reclamos, entre otras situaciones.
Si bien la OMC no puede emitir sanciones a la Argentina ante las denuncias presentadas, puede sin embargo, sugerir la aplicación de “medidas espejo”, como ya lo hizo. Lo cierto es que Argentina deberá cumplir con el fallo, por lo que se esperan cambios que también estarán determinados por las políticas comerciales que adopte el nuevo gobierno. En la práctica la medida afecta al país porque podría provocar que las exportaciones de la Argentina se vean reducidas drásticamente y caigan los ingresos en dólares que recibe el Banco Central. Están en juego US$ 24.000 millones del ingresos que recibe anualmente por este flujo comercial.