Lima, 27 jul (EFE).- El ministerio peruano de Energía y Minas
(MEM) informó hoy que la empresa minera Doe Run Perú, de capitales
estadounidenses, incumplió el plazo para reanudar las operaciones en
el complejo de La Oroya y presentar los documentos que acreditan el
financiamiento del plan ambiental en dicha localidad.
Con esto se cierra el largo proceso de más de dos años durante el
que el Gobierno peruano ha instado a la empresa minera a solventar
sus dificultades económicas y reiniciar las operaciones, bajo
amenaza de cerrar el complejo metalúrgico.
La dirección general de minería de dicho ministerio informó en
una nota de prensa que en la mañana de este martes se trasladaron
hasta la ciudad de La Oroya, unos 176 kilómetros al noreste de Lima,
y verificaron que la empresa no había reiniciado sus operaciones.
Como consecuencia, el MEM anunció que emitirá una Resolución
Directoral en la que declarará el incumplimiento de las obligaciones
de Doe RUN.
La principal de éstas obligaciones era el plazo 10 meses que la
empresa tenía para presentar la documentación que acreditaba que
tenía el financiamiento para realizar en 20 meses un Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un plan medioambiental que ha
sido prorrogado en 2006 y 2009.
El incumplimiento será comunicado a las instituciones
fiscalizadoras del país para que tomen las acciones que
correspondan.
Aunque el Ejecutivo peruano no ha explicado cual será el proceso
que sigue, lo más probable es que se convoque a los acreedores de
Doe Run para decidir si se hacen cargo del complejo de La Oroya o se
opta por su liquidación.
También queda en el aire el futuro de los 2.500 trabajadores del
complejo metalúrgico, aunque en días pasados el Gobierno informó que
ultimaba un plan de reconversión laboral que permite su reubicación
en otras empresas.
Doe Run Perú opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde
1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, donde produce
plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como el
ácido sulfúrico y el indio.
A raíz de la crisis financiera mundial, la minera redujo el año
pasado sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos
suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un
conjunto de bancos extranjeros.
La firma, además, fue expulsada de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por no completar su Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un compromiso que ha avanzado
desde 2006 en poco más del 50%, faltando una inversión de 160
millones de dólares para finalizarlo.
Durante los últimos meses el sindicato de trabajadores ha
realizado varias marchas de protesta, que incluyeron el cierre del
tránsito por la concurrida carretera Central, para presionar al
Gobierno y a la empresa a que reanuden las operaciones en el
complejo. EFE