Madrid, 21 may (.).- Una de las acusaciones particulares en la causa que investiga el presunto fraude con criptomonedas de la empresa Arbistar ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que pide 30 años de prisión para el cabecilla de la trama, que en conjunto afecta a más de 8.200 personas.
El bufete Aranguez Abogados, que representa a unos 3.800 afectados, ha entregado al juez José Luis Calama su escrito de acusación dirigido contra Santiago Fuentes Jover, principal responsable de la operativa que se encuentra en prisión desde el pasado 26 de junio.
Junto a Fuentes Jover figuran otras cinco personas y una decena de sociedades, todas dependientes de Arbistar y a las que apunta como responsables civiles subsidiarias.
Los afectados atribuyen a Fuentes Jover y el resto de investigados delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal y falsedad en documento mercantil.
El juez Calama, atendiendo al criterio de la Fiscalía, considera que Arbistar ofrecía una serie de sistemas automatizados para invertir en criptomonedas, a través de diversos bots de arbitraje, que eran presentados como herramientas infalibles capaces de detectar el momento exacto en el que hay que comprar en una plataforma y vender en otra.
Todo ello bajo una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada, donde combinaba el ofrecimiento de una alta rentabilidad, de entre un 8 y un 15 %, con campañas de comunicación a través de diversos canales en internet, eventos en hoteles, y utilización instrumental de los primeros inversores para el proceso de captación.
Fuentes Jover y el resto de investigados presentaban a Arbistar como un entorno de inversión perfecto en el que el sistema automatizado nunca falla.
Sin embargo, el sistema de algoritmos sobre el que supuestamente pivotaba el negocio ofertado nunca estuvo operativo, tal y como concluye el informe pericial elaborado por el Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, indicaba el juez en el auto de prisión de Fuentes Jover.
El juez Calama investiga desde 2021 la presunta estafa piramidal de Arbistar, tras aceptar la inhibición de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife; en julio de ese año abrió además una pieza separada por presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental.