Madrid, 31 jul (.).- Berkeley (LON:BKGH) Exploration Limited, propietaria de Berkeley Minera España, está "dispuesta a colaborar" con las autoridades españolas para encontrar una resolución amistosa en relación al proyecto de su mina de uranio en Retortillo (Salamanca), a pesar del arbitraje en marcha contra el Estado.
En su informe remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía dice haber recibido la notificación de registro por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), y avanza que, en la siguiente fase, se establecerá "formalmente" el tribunal.
No obstante, a pesar de esta disputa en materia de inversión, Berkeley Exploration Limited "sigue comprometida con el proyecto de Salamanca y continúa abierta a un diálogo constructivo con España".
"Está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una resolución amistosa a la situación de los permisos, y sigue siendo optimista con que las discusiones puedan tener lugar en el corto plazo", añade.
El pasado 28 de mayo, Berkeley Exploration Limited informaba de que había iniciado un arbitraje contra España ante el Ciadi por el que pide una compensación de unos 1.000 millones de dólares (unos 920 millones de euros al cambio del momento).
Con esta acción, cuya intención de iniciarla ya había avanzado el grupo, Berkeley defiende que las acciones de España contra la compañía y el proyecto del Retortillo han violado múltiples disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
En este sentido, apuntaba en su comunicación al mercado que este arbitraje podría convertirse en la mayor reclamación a la que se enfrenta España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno.
El país aprobó en 2021 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que introdujo una enmienda por la que no se aceptarían nuevas solicitudes de concesiones de exploración, investigación y explotación directa de materiales radiactivos, ni tampoco sus prórrogas.
Con las concesiones existentes, Berkeley entiende que los procedimientos abiertos y las solicitudes relacionadas con éstos continuarían con base en la legislación anterior.
La nueva ley entró en vigor en mayo de 2021 y en noviembre de ese año el Ministerio para la Transición Ecológica notificó a Berkeley que había rechazado el proyecto tras un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de aquel julio.