Lisboa, 4 feb (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso en duda las optimistas previsiones económicas que maneja el Gobierno portugués, al que advirtió de los riesgos de dejar de aplicar reformas y le advirtió del "escaso margen" con el que cuenta.
Así figura en un documento divulgado hoy por el organismo con sede en Washington, en el que se presentan las conclusiones extraídas por sus técnicos tras realizar junto a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo la tercera inspección al país desde que cerrara con éxito su rescate financiero, en 2014.
Durante esta última visita, que se desarrolló entre el 27 de enero y el 3 de febrero, representantes de las tres instituciones se reunieron con las principales autoridades políticas y empresariales lusas para evaluar sus progresos en calidad de acreedores.
Para el FMI, la relajación "del ímpetu reformador (en Portugal) podría perjudicar las proyecciones a medio plazo en términos de crecimiento, empleo e ingresos", y en su opinión el borrador de Presupuestos para 2016 "implica un debilitamiento de la posición fiscal".
De hecho, sus previsiones económicas para este año rebajan sustancialmente las estimativas del Gobierno, ya que sus técnicos calculan una subida del PIB del 1,4 % y el Ejecutivo luso espera un aumento del 2,1 %.
También existen sensibles divergencias a la hora de pronosticar cuál será el déficit público a final del ejercicio, y mientras el FMI apunta a un 3,2 % del PIB, el Gobierno lo limita al 2,6 %.
Después de tres años de recuperación económica, "las perspectivas de crecimiento continúan limitadas por los altos niveles de endeudamiento" público, reza el documento, en el que los técnicos consideran que esta situación "deja un escaso margen a la relajación" a nivel fiscal.
"Hacen falta más reformas todavía", insisten desde el organismo dirigido por Christine Lagarde, cuyas conclusiones cuestionan algunas de las bases en que se asientan los presupuestos elaborados por el nuevo Ejecutivo luso, de signo socialista.
Concretamente, alertan de los "riesgos fiscales" derivados de la reposición de las 35 horas semanales en el sector público y la cancelación de varias privatizaciones en el área de los transportes.
Éstas son dos de las primeras medidas aprobadas por el Gobierno liderado por el primer ministro António Costa, que llegó al poder gracias a un acuerdo inédito alcanzado con el resto de las fuerzas de izquierdas basado en revertir la austeridad implementada en la anterior legislatura.