Madrid, 24 sep (.).- España es el país de la Unión Europea (UE) más descentralizado en cuanto a capacidad normativa en el ámbito tributario, claramente por encima de Alemania, Austria y Bélgica entre los federales y de Italia entre los unitarios, según un estudio de la Fundación Impuestos y Competitividad.
A juicio de los autores, Santiago Lago y Alberto Vaquero, profesores de la Universidad de Vigo, esta conclusión es "incuestionable" tanto si se atiende a los porcentajes de recaudación tributaria como al margen de autonomía normativa sobre los tributos cuya recaudación se asigna a las CCAA.
Según los informes manejados por los autores, de los 34 países que componen la OCDE, solo Canadá (49,4 %), Suiza (39,4 %), EEUU (36,8 %) y Suecia (35,7 %) superan a España (32,7 %) en cuanto a porcentaje de recaudación tributaria que nutre a los gobiernos regionales y locales, combinado con los diferentes márgenes de autonomía sobre ese porcentaje.
Alemania (29,3 %) y Australia (18,7 %) se quedan por debajo.
Así, según el informe, no es verdad que la capacidad normativa en manos de las CCAA sea hoy muy baja, aunque creen que avanzar en este terreno es "posible y deseable", siempre que el sistema de incentivos para las autonomías sea redefinido.
Sugieren que la primera vía que manejen los gobiernos autonómicos sea acudir a sus propios instrumentos y no impulsar coaliciones para la demanda de recursos adicionales recaudados por la administración central.
"En definitiva, avanzar en la descentralización tributaria en España requiere también cambios institucionales en el frente de la gestión tributaria y en el de los incentivos al uso de la capacidad normativa", recalcan.
El informe señala como uno de los principales fallos de la gestión tributaria en España las dificultades de coordinación horizontal entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las haciendas forales.
Para solventarlo, proponen, entre otras soluciones, una administración integrada para el conjunto de tributos estatales y autonómicos, única y compartida, en la que la presencia y relevancia de las CCAA en la toma de decisiones sea muy superior a la actual.
Los autores opinan que sería bueno pensar en la creación de un grupo de trabajo mixto Ministerio-Consejerías de Hacienda, en el que se debatiese la definición de un catálogo más o menos amplio de figuras de aplicación potestativa por las CCAA, con un núcleo conformado por los tributos medioambientales.