Atenas, 17 dic (EFE).- El Gobierno griego ha tenido que aplazar a enero por presiones de los acreedores la votación de un paquete de medidas que prevén paliar el impacto de las políticas de austeridad, bautizado como "programa paralelo".
Fuentes del Gobierno citadas por varios medios señalaron que la votación, prevista inicialmente para el próximo lunes, será después de que se hayan consultado las medidas con las instituciones de la denominada cuadriga (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional).
Según los medios locales, la cuadriga vinculó a la retirada del borrador del ley el desembolso del subtramo de 1.000 millones de euros, que se prevé para las próximas 24 horas.
La reacción de los acreedores no se debía tanto al coste de estas medidas, sino al hecho de que no habían sido previamente consultados.
Con este "programa paralelo", el Gobierno de Alexis Tsipras quería lanzar un mensaje tranquilizador hacia sus propias filas, que a comienzos del año deberán afrontar votaciones mucho más controvertidas que las que condujeron al reciente desembolso de 2.000 millones de euros y a los 1.000 millones pendientes.
Se trata de la reforma de pensiones y la reforma laboral, dos asuntos que han levantado muchas ampollas.
El borrador de ley, que ya se ha empezado a debatir en comisiones, prevé prolongar en un año las ayudas alimentarias para pobres y el almuerzo gratuito en escuelas de barrios desfavorecidos, ofrece seguro médico a los desempleados de larga duración y permite a la administración local elaborar programas sociales.
La sesión ayer en la comisión parlamentaria competente había comenzado ya con una fuerte disputa entre los partidos del Gobierno y de la oposición.
La conservadora Nueva Democracia, el centrista Potami y el socialdemócrata Pasok acabaron por abandonar el debate después de denunciar la ausencia de informes de la oficina de contabilidad del Estado sobre el coste preciso de cada una de las medidas.
El tercer programa de rescate de Grecia prevé que toda ley que tenga implicaciones económicas debe ser consultada con los acreedores antes de su tramitación parlamentaria.