Brasilia, 9 oct (.).- La inflación en Brasil fue del 0,64 % en septiembre pasado, lo que llevó la tasa acumulada en los nueve meses de 2020 al 1,34 %, con una variación interanual del 3,14 %, según informó este viernes el Gobierno.
El índice registrado en septiembre fue el mayor para ese mes desde 2003 y subió en relación a agosto pasado, cuando había sido del 0,24 %, lo que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) explicó sobre todo por la presión sufrida por los alimentos, cuyos precios aumentaron un 2,28 % en relación a agosto pasado.
El IBGE subrayó las fuertes variaciones en algunos productos, como el aceite de soja y el arroz, cuyos precios han subido, respectivamente, un 27,5 % y el 17,9 % desde enero.
Según las proyecciones de los expertos del mercado financiero y del propio Gobierno, la inflación este año deberá cerrar en torno al 2 %, la mitad de la prevista en enero pasado.
La inflación en Brasil se había contenido hasta mediados de este año por la fuerte caída del consumo provocada por la parálisis casi total de las actividades económicas entre marzo y junio, consecuencia de las medidas de aislamiento adoptadas frente al coronavirus.
La parálisis provocada por la COVID-19 llevó a algunos bancos y organismos internacionales a proyectar una contracción económica de hasta el 14 % para Brasil este año, pero esas previsiones se han rebajado desde hace dos meses, cuando comenzó la vuelta a la actividad.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue una de las entidades que revisó esos pronósticos a la baja y esta misma semana consideró que la caída del producto interno bruto (PIB) de Brasil este año será del 5,8 %, aunque el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro calcula que la caída será de un 4,7 %.
El Banco Central ha sugerido, para atajar el retroceso, mantener los elevados estímulos monetarios, fiscales y hasta sociales, que incluyen desde una política de bajos intereses hasta una ampliación de los auxilios a los más pobres.
Sin embargo, esos estímulos terminan en principio a fin de año y serán revisados por el Gobierno, que ya enfrenta ingentes problemas fiscales agravados por la fuerte caída de la recaudación tributaria, que también fue consecuencia directa de la parálisis económica en los momentos más duros de la pandemia de la COVID-19.