Alberto Rodríguez
Madrid, 11 dic (EFE).- La justicia ha puesto contra las cuerdas en 2015 al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, poco después de iniciar una investigación con la que trata de esclarecer el origen de su fortuna ante las sospechas de que su paso por la presidencia de Bankia (MC:BKIA) le sirvió para enriquecerse irregularmente.
Desde la pasada primavera, el exministro de Economía, que estuvo llamado a suceder a José María Aznar en la presidencia del PP, afronta un nuevo frente judicial, que se suma al caso Bankia y a las polémicas tarjetas opacas, y cuyo desenlace aún es un misterio.
Tras conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por sus antiguos compañeros de partido, supuestamente para declarar una millonaria herencia familiar en el extranjero, el exbanquero intenta explicar el origen de su abultado patrimonio y conseguir el desbloqueo de sus cuentas.
Todo ello después de que la Agencia Tributaria denunciara ante un juzgado de Madrid que Rato ocultó al fisco durante años buena parte de sus ingresos procedentes de diversas vías, desde conferencias y asistencias a congresos en el extranjero hasta una actividad frenética de sus empresas.
Hacienda asegura que ignora la procedencia de 6,5 millones de euros de los que algo más de 3,4 millones fueron recibidos por Kradonara 2001, epicentro del entramado societario de Rato, y otros 3,05 millones por su matriz, Vivaway, de la que es beneficiario también el exministro.
A su vez, Vivaway, con sede en Reino Unido pero con vínculos en paraísos fiscales, recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra, reconocida por Rato en su declaración de bienes en el extranjero, y algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de la sociedad Red Rose, cuyo domicilio estaría en Bahamas.
Por eso a mediados de abril, en una operación retransmitida en directo por televisión, el exbanquero fue detenido durante unas horas en las que agentes de Aduanas registraron su domicilio y el despacho vecino en el madrileño Barrio de Salamanca, donde incautaron numerosa documentación.
La imagen de Rato, cuya cabeza agachaba un funcionario para introducirle en el coche policial, dio la vuelta al mundo y comenzó la pena del telediario para el ex director gerente del FMI, condenado desde el minuto uno por la opinión pública.
La misma que se mofó de él por las fotos de su baño veraniego en aguas de Mallorca tras haberse negado a declarar ante el juez porque desconocía los hechos de los que se le acusa, y la misma también que arremetía contra Rato y su familia en las redes sociales.
Tanto es así que el extitular de Economía se reunió con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para trasladarle su preocupación por las amenazas que recibía su entorno, a pesar de que el Gobierno y sus antiguos compañeros veían en la investigación judicial a Rato un ejemplo de regeneración democrática.
Este encuentro en sede ministerial salió a la luz y provocó aún más indignación en los principales partidos de la oposición, al tiempo que se iban filtrando a cuentagotas algunos datos claves de la investigación a Rato, cuyo sumario todavía permanece bajo secreto.
Entre estos datos aparecen los 833.000 euros que Kradonara 2001 recibió del empresario Alberto Portuondo, acusado de allanar el camino para que las firmas Publicis y Zenith se hicieran con los contratos para lanzar la marca Bankia y dar a conocer su salida a bolsa.
Este supuesto mediador cobró 2 millones de euros de las citadas compañías de publicidad por sus gestiones, lo que le llevó a ser acusado, entre otros, de un delito de corrupción entre particulares por el que fue encarcelado a mediados de agosto.
Desde entonces, la justicia trata de investigar si las comisiones recibidas por Portuondo fueron desviadas en parte hacia Rato mediante los pagos a Kradonara, que acabaron siendo invertidos en un céntrico hotel de Berlín, participado por el exvicepresidente.
Sin embargo, Rato defendió en declaraciones a Efe que estos pagos están perfectamente justificados y corresponden a labores de asesoramiento, algo de lo que ha dado cuenta ante el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal, quien pidió al Supremo que decidiera si esta compleja investigación debía llevarla la Audiencia Nacional, algo a lo que el Alto Tribunal finalmente se ha opuesto.
Mientras se resolvía este entuerto, a mediados de noviembre Portuondo salió de prisión, pero la justicia ha estrechado el cerco a Rato con la detención de miembros de su confianza como su antigua secretaria personal, Teresa Arellano, su abogado Domingo Plazas o el gestor de la familia, Miguel Ángel Montero.
Al igual que Rato, todos están acusados al menos de los delitos de blanqueo y corrupción entre particulares, en una causa en la que están imputados también el antiguo director de comunicación externa de Bankia, Miguel Robledo, o el exejecutivo del banco José Manuel Fernández Norniella, así como varios responsables de las empresas de publicidad.